Las lisonjas públicas que le regaló antes de las Fiestas Kristalina Georgieva y las privadas que cosechó esta semana al recibir al enviado especial de Joe Biden a la cumbre de la CELAC, Christopher Dodd, podrían distraer a Sergio Massa de las consecuencias distributivas (y sobre todo políticas) del ajuste que emprendió apenas asumió, a mediados del año pasado, en medio de un tembladeral financiero que ahora vuelve a insinuarse. Que el Gobierno haya sobrecumplido las metas fiscales que fijó un año atrás Martín Guzmán con el staff del Fondo Monetario puede haber contribuido a “sacar al paciente del coma”, como sostuvo el ministro ante el Financial Times, pero para ningún actor económico está claro que vaya a ayudarlo a salir de terapia intensiva. Y las secuelas de la terapia de shock aplicada todavía son inciertas. 

El resultado fiscal que acaba de informar el propio Ministerio de Economía muestra la profundidad del ajuste que se produjo desde que el tigrense desembarcó en el quinto piso del Palacio de Hacienda. Diciembre fue su paroxismo, con una recaudación que creció 92% frente al mismo mes de 2021 y un gasto que aumentó 54,8%. Pero no desentonó con todo el segundo semestre, durante el cual siempre los ingresos públicos se mantuvieron por encima de la inflación interanual (que cerró 2022 en 94,8%) y las erogaciones por debajo. El resultado fue el déficit del 2,4% del PBI, una décima menos del tope que fijaba el Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) por exigencia del Fondo. 

La peor parte del tijeretazo de 2022 se la llevaron los jubilados y pensionados. Por el rezago de sus haberes respecto de la inflación y por la ausencia de los pagos extraordinarios que habían paliado ese efecto en 2021, lo que el Estado destinó a ellos cayó del 8% al 7,7% del PBI. Las transferencias a provincias también se resintieron y no son los únicos rubros: la consultora Equilibra destacó ayer que “todas las partidas crecieron hasta junio y pasaron a licuarse desde entonces, con la excepción de las transferencias a universidades y los gastos de capital (obras ejecutadas por la Nación)”.

El “sobrecumplimiento” por una décima del PBI de la meta de ajuste comprometida ante el FMI equivale a cerca de $60.600 millones que podrían haberse invertido sin transgredirla. Un monto nada desdeñable que habría permitido, por caso, pagar el bono de $45.000 a todos los beneficiarios del Potenciar Trabajo que lo reclamaron durante todo diciembre y que volvieron a acampar en la 9 de Julio esta semana. 

 

Tijeras filosas

El Presupuesto 2023 que aprobó el Congreso bajo la batuta del Fondo, sin embargo, muestra que lo más problemático está por venir. Si en 2022 el gasto público fue del 20,3% del PBI, dos décimas más que en el 2018 del derrumbe macrista y el regreso del organismo al país, en 2023 equivaldrá al 18,7% del PBI, una décima menos que el que ejecutó el mismo Mauricio Macri en 2019, antes de ser eyectado de la Rosada en primera vuelta. Para peor, el PBI parece haber frenado en seco justo a mitad de año. Massa asegura en privado que en todo 2022 la economía creció algo por encima del 5,5%. Su antecesor Martín Guzmán -que esta semana voló a Nueva York para volver a dictar su seminario sobre “Deuda y Poder” en Columbia- replica que el acumulado a junio, antes de su salida, ya marcaba 4,9%. 

¿Cómo aspirar a ganar una elección con esa hoja de ruta de austeridad y estancamiento? ¿Cómo hacerlo si, además, la inflación del primer bimestre del año amenaza con dar vuelta el sendero descendente del último trimestre de 2022? ¿Y si el 4,9% de noviembre y el 5,1% de diciembre fueron coletazos del abaratamiento de alimentos y energía a nivel global y de la sobreabundancia local de carne por el sacrificio de ganado que impuso la sequía? ¿No sugiere esto último acaso el repunte del 25% del precio del ganado en pie en la última semana?

Para el Frente de Todos no solo será difícil de digerir y defender un Estado más chico que el que dejó Macri sino una composición del gasto más regresiva. Como mostró esta semana en un informe reservado a sus clientes Emmanuel Álvarez Agis, director de la consultora PxQ y exviceministro de Cristina, este año el Estado destinará un punto del PBI menos que en aquel 2019 del ajuste macrista a pagar jubilaciones, pensiones y ayudas sociales (10,4% vs 11,,4%). A salarios, cuatro décimas menos (2,9% vs 3,3%). Y a subsidios económicos, medio punto más (2,1% vs 1,5%). 

Lo injusto de esas variaciones -lo que insumen los subsidios compensa el atraso de las tarifas de luz y gas de la clase media y alta- no puede achacársele a Massa. Menos a Guzmán, que le gritaba al kirchnerismo que esos subsidios eran “pro-ricos”. 

Pero eso tampoco implica que aumentar las tarifas más bruscamente, como pedía el Fondo hace un año, sea la llave para acabar con el déficit sin consecuencias estanflacionarias. Todas sus exigencias llevan hacia ahí. El frenazo de la actividad, por caso, también obedece al ajuste monetario que empujó en sus últimas revisiones (la tasa de interés subió del 65% al 107% real). Y lo que empeoró la distribución del ingreso se debe en gran medida a la mega-transferencia regresiva del dólar-soja, la forma que encontró Massa de sobrecumplir también la meta de acumulación de reservas. 

Ganadores

Lo imposible, en contextos así, es cumplir con todos y todas. Algo parecido podría decirse de los negocios contantes y sonantes que, a la sombra de los discursos, suelen cerrarse en cumbres como la de la CELAC esta semana. Uno de los que se puede dar por cumplido no apareció en escena pero sobrevoló las mesas donde se discutió lo más relevante en términos geopolíticos: la ampliación del gasoducto a Vaca Muerta y su extensión para que el gas de Neuquén pueda llegar a Brasil. Es Paolo Rocca, el mandamás de Techint, que tendrá a su cargo la fabricación de esos caños a uno u otro lado de la frontera. 

“Vamos a seguir discutiendo si se hace una parte allá y una parte acá”, confirmó a BAE Negocios uno de los más estrechos colaboradores de Massa. Para Rocca, a seis meses del reproche público que le dirigió Cristina Kirchner justamente sobre dónde se fundía la chapa y se doblaban esos tubos, haberse asegurado la financiación del BNDES es la garantía de que el negocio queda en sus dominios. Los aplausos que pidió para el ministro en diciembre no eran gratis.

El otro anuncio relevante que dejó Lula en su paso por Buenos Aires había sido tejido en secreto en el viaje relámpago a San Pablo que hizo Massa justo antes de Navidad con su “canciller”, Gustavo Pandiani, y el jefe del INDEC, Marco Lavagna. Con Fernando Haddad, ese día, pactaron arrancar con una moneda común para compensar el comercio bilateral (que no es una moneda única ni pretende tener circulación). Quien propuso nombrarla “Sur” fue el propio Haddad. La voz cantante la llevó su viceministro, Gabriel Galípolo, un exbanquero. Empieza con el financiamiento a un año que hará el Banco do Brasil de todas las importaciones argentinas. 

Ese día, cuando acá todo eran festejos, la poderosa Federación de la Industria Paulista (FIESP) habló por boca de Geraldo Alckmin, vicepresidente y ministro de Industria y Comercio de Lula, antiguo rival suyo al que debió aliarse para volver a ganar: “Con Bolsonaro perdimos el 40% del comercio bilateral. Lo ganaron los chinos porque a Bolsonaro no le importaba. Y nosotros lo queremos de vuelta”, les dijo Alckmin a los visitantes. 

El aterrizaje en Buenos Aires este fin de semana del canciller alemán Olaf Scholtz tendrá otro gran ganador: Eduardo Eurnekian. El zar de los aeropuertos obtendrá de Scholtz las garantías para el financiamiento de la represa sobre el río Neuquén adjudicada en diciembre de 2014 al consorcio liderado por Helport, su constructora, e integrado por Panedile Argentina, Chediack e Hidroeléctrica Ameghino. Es una obra de U$S 2.300 millones, más alineada con la ambiciosa agenda ambientalista que trajo Gustavo Petro a la CELAC que con el furor hidrocarburífero al que apuestan Massa y quienes lo apoyan en el empresariado. 

Lo que no se sabe es qué lugar le asignarán en las obras a IMPSA, la fábrica de reactores y turbinas mendocina que rescató el Estado en 2021 por iniciativa de Matías Kulfas. IMPSA se presentó el año pasado con un proyecto propio para Chihuido pero los alemanes exigen que al frente de las obras esté Voith Hydro. Las garantías, de hecho, las va a firmar con Massa y con Eurnekian el CEO de esa multinacional, Toralf Haag.