La profundización del ajuste fiscal que empezó a exigir el Fondo Monetario desde la eyección de Martín Guzmán -y que terminó por aceptar Sergio Massa a cambio de que el staff le aprobara la segunda revisión del acuerdo vigente- no fue objetada en el Congreso por la oposición mayoritaria, que necesita sostener su beligerancia pública pero que comparte el objetivo fondomonetarista de achicar el Estado en los próximos años. Con el kirchnerismo haciendo malabares para respaldar en privado ese ajuste por temor a un descalabro mayor y condenarlo a la vez a los gritos para cuidar su base electoral, la austeridad se adueñó de un Presupuesto 2023 al que nadie quiere reconocer como propio. Las consecuencias recesivas de esa retracción del Estado recién empiezan a verse y las sociales asoman imprevisibles, sobre todo en un año electoral y un mundo cada vez menos gobernable.

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Como si siguieran la ruta que propuso dos meses atrás el embajador Marc Stanley ante el Consejo de las Américas, oficialismo y oposición simulan pelearse pero empujan, al menos en materia fiscal, en el mismo sentido. Si bien Juntos por el Cambio no acompañó el dictamen favorable que obtuvo ayer el proyecto de Presupuesto, consiguió introducir la cláusula gatillo que obliga al Ejecutivo a volver al Congreso a discutir el destino de cualquier recaudación extra que se produzca a caballo de la inflación. Así blindó el ajuste que Kristalina Georgieva le advirtió a Massa que debe encarar sin dilaciones.

Ya lo había escuchado Silvina Batakis en su breve interregno en Economía, durante el cual fue recibida en Washington durante una hora por la plana mayor del Fondo, junto al embajador Jorge Argüello. En esa cita bilateral, que Massa no consiguió reeditar en ninguno de sus dos viajes más que con encuentros breves y de ocasión, la búlgara avisó que se había terminado la paciencia del directorio frente a la "contabilidad creativa" de la era Guzmán. Y fue brutalmente honesta al detallar la profundidad que para el FMI debe tener la reforma jubilatoria, que volvió a exigir (por ahora sin plazos) en la página 70 del Staff Report publicado el 7 de octubre.

Las jubilaciones tienen que ser para los más vulnerables —le dijo a Batakis en aquella cita el 25 de julio.
—Bueno, a nosotros eso nos parece bien -respondió la entonces ministra.
—Ah, qué bueno que estemos de acuerdo en algo tan importante.
—Espere, ¿usted dice solamente para los más vulnerables?
—Sí.
—Claro, eso es otra cosa y vamos a tener que seguir conversándolo -tragó saliva su interlocutora.

Una semana antes, a mediados de aquel julio frenético, el Fondo ya había mostrado su vocación de participar en cuanta decisión que generase un nuevo gasto. Alberto Fernández había anunciado junto a Fernanda Raverta la extensión temporaria de la moratoria previsional y un pago extra de $10 mil para beneficiarios de la AUH. Fue a las cinco de la tarde. A las siete, el delegado residente del Fondo en Buenos Aires le exigía explicaciones a Batakis. No quedó conforme hasta el día siguiente y le reclamó enérgica e insistentemente que no le hubiera avisado antes.

En la cumbre del FMI y el Banco Mundial de la semana pasada, a la que voló luego de unos días de descanso en Puerto Rico para dar cátedra sobre reestructuración de deudas junto a su mentor Joe Stiglitz, Guzmán evitó saludar a dos colaboradores de Massa con quienes se cruzó. El desprecio por el exministro aglutina a massistas y kirchneristas pero no al Presidente, que le perdonó el daño que le infligió su renuncia intempestiva e incluso volvió a consultarlo. "Es increíble, vino a pavonearse acá después del muerto que nos dejó y se presenta como el incomprendido que se les plantó a Cristina y a Alberto", rezongó ante BAE Negocios desde la calle 19 uno de los hombres de Massa.

Guzmán les asegura ahora a los empresarios y banqueros que aún le escriben por Whatsapp que Massa se equivocó en convalidar la revisión a la baja de la recaudación prevista para 2023, porque eso exigirá un ajuste adicional en jubilaciones (por 0,8% del PBI), prestaciones sociales (0,2% del PBI) e inversión en infraestructura (0,5% del PBI), como detalla el cuadro de la página 13 del Report. Su sucesor remite a la contabilidad creativa que exigieron dinamitar los staffers, especialmente con los bonos atados a la inflación.

Canillas y canallas

Es una lógica que se replica en varias áreas del gobierno después del recambio que forzaron la eyección de Guzmán y las más recientes deserciones ministeriales. Los que llegan a un puesto despotrican contra sus antecesores como si la administración hubiera cambiado de signo político. Es algo que también limita el margen de acción del Estado, porque siempre el privado tiene alguien ante quien apelar una decisión que le resulte inconveniente. Ni el veto cruzado ni la parálisis son fenómenos que recién ahora aniden en el Frente de Todos, pero su agravamiento es notorio.

El cierre de la canilla de los dólares para los importadores es otro ejemplo. Esta semana debutó el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que reemplazó a los permisos previos (los SIMIs), ya restringidos desde que las reservas netas del Banco Central se agotaron a mitad de año. Aunque lo presentaron como un perfeccionamiento de los controles, el objetivo de Massa era anular los SIMIs acumulados, que en la AFIP estiman en unos USD 20.000 millones. Como parte de la transición al nuevo sistema, todas las SIMIs pendientes de aprobación quedaron anuladas. Los amparos que presentaron empresas para poder importar insumos y máquinas al dólar oficial también fueron declarados abstractos, porque ahora el permiso es otro.

Todos se revolean la culpa pero el origen es una descoordinación brancaleónica de marzo de 2021, cuando el Banco Central empezó a exigir a las empresas que financiaran sus importaciones porque entrevió que sus reservas se consumían. Fue como gritar esa escasez para que todos se pusieran en la cola de los dólares oficiales. Pero si no lo hubiera hecho, quizá, la sangría habría sido peor. El Ministerio de la Producción -entonces a cargo de Matías Kulfas- se desentendía de todos los sectores donde no tenía objetivos de política industrial y no objetaba que se usaran divisas para importar aviones privados. Guzmán, desde Economía, ni siquiera lo consideraba su tema.

Así como el Estado renuncia al aceptar achicarse a compensar la tendencia global del capitalismo a concentrar ingresos y riquezas a una velocidad inédita, el despoder de los dardos cruzados y la interna a cielo abierto también complican la pelea contra la inflación. En un desayuno que compartió el lunes con el Presidente en Olivos, el jefe de la UIA y de la cámara de la industria alimentaria, Daniel Funes de Rioja, rechazó imprimir el precio de los alimentos en el envase de los productos, algo que empuja por ahora sin éxito el massista Matías Tombolini. El dueño de Arcor, Luis Pagani, se lo había anticipado un mes atrás, en una cita a solas donde el mandatario lo felicitó por tener sus fábricas ocupadas al 80% pero no le objetó el margen récord de utilidades sobre ventas que declaró en su último balance trimestral, con la comida cada vez menos accesible.

En la matriz ortodoxa del combate a la inflación también parece haber nacido un consenso -casi a pedir de Stanley- entre oficialismo y oposición. La amenaza de Massa en plena huelga de los empleados del neumático de abrir las importaciones para sofocarla, aun al costo de barrer con la producción local de tres fábricas estratégicas, fue celebrada por economistas como Luciano Laspina. La que hizo trascender esta semana contra los fabricantes de indumentaria después de que se conociera otra suba mensual récord de la ropa entusiasmó, por ejemplo, a Hernán Lacunza. Abrir importaciones es una medicina para disciplinar industriales potente pero vieja, de la que supo abusar Domingo Cavallo. El problema son sus efectos colaterales.

En Juntos por el Cambio consideran "canallesco" que se mantenga protegida a la industria textil con estos aumentos de precios. Es parte de un súbito brote anticapitalista que también los hizo denunciar a las dos mayores empresas que usufructúan el régimen fueguino de incentivos para la electrónica. Con la dificultad de que una de esas empresas es Mirgor, fundada por Mauricio Macri y todavía propiedad de su hermano de la vida Nicky Caputo.

Magnates en fuga

Como se reflejó en este panorama la semana pasada, cada vez son más los empresarios y directivos de empresas que miran con desconfianza las propuestas maximalistas de quienes se proponen como los portavoces de sus intereses en el Estado. No es la mayoría, pero sí un grupo influyente que incluye a ejecutivos como el presidente del Coloquio de IDEA, Daniel Herrero, el CEO de Accenture, Sergio Kaufman, e incluso banqueros como Pablo Peralta o Jorge Pablo Brito. Barrer de un plumazo con las indemnizaciones por despido, cerrar todas las empresas estatales deficitarias, eliminar toda protección aduanera o liberar de golpe el mercado cambiario son antiguos anhelos de un sector del establishment que hoy por primera vez se agitan sin ambigüedades. Y sin embargo, algunos perciben su insostenibilidad social y política después de seis años de declive de los ingresos. Les basta con mirar a Europa, donde empiezan a naufragar experimentos "toma todo" como los de Liz Truss y Georgia Meloni.

Algunas de esas recetas, además, ya probaron que no funcionan. Desde hace un año, por ejemplo, todas las empresas que contraten empleados nuevos en las diez provincias del Norte Grande tienen 70% de descuento en los aportes patronales. Blanquearon solo 3 mil empleados, un ínfimo aporte a los 323 mil puestos privados formales que se crearon en el último año. Gracias a la nueva red de fiscalización contra el empleo informal que instrumentó la AFIP con las provincias casi en el mismo momento, en cambio, se blanquearon 30 mil. A veces el palo puede más que la zanahoria.

Donde acaba de poner la lupa la AFIP y donde amaga con sacar el palo es del otro lado del charco. Empresarios como Marcos Galperín, Gustavo Grobocopatel, Manuel Antelo, Eduardo Costantini, Cristiano Rattazzi y Gianfranco Macri harían bien en revisar sus papeles porque el ente descubrió que algunos de los que recientemente renunciaron a la ciudadanía fiscal argentina para fijar residencia en Uruguay no los tienen en regla. Específicamente descubrió que aunque se asociaron a clubes y prepagas para simular pasar más tiempo en la vecina orilla, algo que exige la ley argentina para dejar de aplicarles los impuestos que pagan los residentes, su estadía allí es algo ficticio y en realidad solo pasan unas horas en Uruguay antes de irse a Europa o Estados Unidos para luego volver a Argentina.

Los inspectores de Grandes Contribuyentes Nacionales, tras esa pista, ya empezaron a enviar los primeros oficios a los magnates en (falsa) fuga. Casi una quijotada desde dentro de un Estado que, a tono con los tiempos que corren, parece resignarse de a ratos a la impotencia estructural.

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Alejandro Bercovich

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