Un grupo de los pocos empresarios argentinos top que optaron por no viajar a Qatar compartía un almuerzo días atrás donde se hablaba de negocios pero también de fútbol, como en todas las mesas del país. Había un petrolero, un inversor inmobiliario, el dueño de un pool de siembra y el CEO de una millonaria concesión estatal. Uno de ellos recibió en el celular un mensaje de Sergio Massa y lo comentó con el resto. Las risas retumbaron en el salón cuando comprobaron que el ministro de Economía les había escrito a todos los presentes al menos una vez en las 72 horas previas.

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Esa hiperactividad que le valió a Massa el aval de Cristina Kirchner para pilotear la economía en plena turbulencia inflacionaria es elogiada también en el establishment como un activo valioso en medio del tembladeral. No es la omnipresencia pública que desgastó antes de tiempo a Alberto Fernández sino una disposición al diálogo privado y una tupida red de contactos que todos encomian. Y aún así, ante el despoder del Frente de Todos, ninguno parece dispuesto a apostar decididamente por el futuro inmediato del superministro.

Se vio clarito en el debut del "dólar soja II" a $230, una nueva concesión al complejo agroexportador que, solo por la diferencia con el tipo de cambio mayorista de $165 y suponiendo una liquidación de U$S 3.000 millones en el mes, implica una transferencia de $195.000 millones a su favor. Un privilegio que se suma a los más de $400.000 millones que embolsó el sector con la oferta por tiempo limitado de septiembre, un monto superior al recaudado en 2021 por el Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas actualizado por inflación.

Las negociaciones, tal como se reveló en esta columna el viernes pasado, se reactivaron el jueves previo y se terminaron de cerrar al filo de la semana entre Lisandro Cleri, el hombre de Massa en el Banco Central, y el jefe de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idígoras. Pero el lunes, cuando entró en vigor, las pizarras de la Bolsa de Rosario no reflejaban esa mejora del 40% en el tipo de cambio para los productores. Las primeras ofertas que anotaron los acopiadores que habían cerrado el deal con Massa rondaron los $80.000 por tonelada, apenas un 20% más que el cierre del viernes.

Massa intuyó que alguien quería quedarse con la diferencia y temió que aunque los grandes acopios cumplieran su promesa de liquidar los granos en su poder, ese precio reducido no iba a tentar a los productores individuales que también guardan soja en sus silobolsas. Por eso aprovechó un llamado de Antonio Aracre, CEO de Syngenta hasta fin de año, para preguntarle qué pasaba. Aracre quería saber si contrataba un traductor para la reunión con el jefe del Palacio de Hacienda a la que iba a llevar a su jefe, el CEO global de la semillera.

—Mirá, yo voy a salir a ofrecer $88.000, que es lo más razonable. Nosotros compramos y exportamos pero mi negocio principal es vender acá los insumos para la siembra, así que mientras más cobren los productores, mejor.
—Me parece bárbaro. Rompela. Lo importante es que le llegue al productor -agradeció Massa.

Su propio relato posterior del diálogo tras una reunión con el Consejo Federal Agropecuario (CFA) generó un malentendido a partir de la polisemia del verbo romper. "Le pedimos a una empresa que saliera a romper mercado y subiera la oferta para que se acomodaran los precios para arriba", exageró el ministro, sin nombrar a Syngenta. La cámara de acopiadores reaccionó airadamente: "Un mensaje así implica una indebida intervención del Poder Ejecutivo en el mercado de granos, que tiene las condiciones propias para fijar precios", sostuvo en un comunicado.

Insólitamente, los beneficiarios de una intervención tan relevante como la fijación de un tipo de cambio diferencial para un sector protestaban por otra intervención que procuraba repartir distinto sus consecuencias contantes y sonantes. Las "condiciones propias para fijar precios", por otra parte, no son las de un mercado de competencia perfecta sino las de un oligopsonio clásico como el que administran, además de Syngenta, otras multinacionales como Bunge, Cargill, LDC, Molinos, Cofco y Glencore, que se quedó con los activos de Vicentin.

¿Quién regula el mercado más relevante para el ingreso de divisas al país y para la determinación del precio de los alimentos? ¿El Estado o los privados? ¿Es indebido que el Estado intervenga en un sentido pero no en el otro? ¿Por qué puede negociar los precios al consumidor en acuerdos como Precios Justos pero no el de sus insumos básicos? ¿Y si hubiera avanzado con la expropiación de Vicentin que anunció en 2020, ante la sospecha de que la mayor de las acopiadoras nacionales había fraguado su concurso de acreedores tras fugar del país más de U$S 300 millones prestados por el Banco Nación en los últimos días del gobierno de Mauricio Macri? ¿Habría tenido Massa que pedirle a Aracre que "rompa" o que "la rompa" -da igual- o podría haber tentado directamente él a los productores? ¿Acaso habría hecho falta beneficiar al oligopsonio agroexportador con un dólar diferencial?

Chicos caprichosos

A aquel fatídico paso en falso de Fernández en 2020 con Vicentin se sumó el agotamiento de las reservas del Banco Central y, ahora, la sequía. El último informe de la Bolsa de Cereales porteña advierte que hasta la semana pasada sólo se implantó el 19,4% de las 16,7 millones de hectáreas de soja proyectadas para sembrar, 20 puntos porcentuales menos que a la misma altura del año pasado. La Bolsa de Cereales de Rosario (BCR) calcula que cada día de atraso en la siembra de soja hace perder 30 kilos del poroto por hectárea. Son miles de millones de dólares menos que entrarán en 2023, sin contar las pérdidas en la cosecha de trigo de este mes.

En medio de ese desierto económico donde los más fuertes se empoderan y disputan abiertamente la regulación del reparto del excedente, el Gobierno apenas procura morigerar el impacto de la inflación, ya resignado a que no podrá frenarla en el año electoral. En la reunión de ayer con los industriales y supermercadistas que se comprometieron a mantener congelados 1.800 "Precios Justos", por ejemplo, el propio ministro y su secretario de Comercio, Matías Tombolini, se limitaron a pedirles que "no alteren las condiciones comerciales". Es decir, que no intenten fagocitar la rentabilidad de los demás eslabones de la cadena. Igual que a los acopiadores frente a los productores más chicos.

El origen de la crisis inflacionaria actual, no obstante, se remonta a los meses durante los cuales se escurrieron las reservas que debió haber acumulado el Central por el boom de las commodities que trajeron la post-pandemia y la guerra. Y ahí Massa, al retrucarle a Martín Guzmán su acusación de "chico caprichoso" contra Máximo Kirchner, también hizo un curioso revisionismo histórico de los acontecimientos. En una entrevista con Gabriel Sued por Futurrock, acusó a su antecesor de haber intentado engañarlos a él y a Cristina sobre las negociaciones con el Fondo Monetario por el acuerdo firmado en enero. "Cuando llega el acuerdo al Congreso, el exministro plantea que si no se acordaba como él decía se caía el acuerdo. Yo tuve una reunión en Zoom con el equipo técnico del FMI y les pregunté si era así, y me dijeron que no", dijo.

Lo que omitió es que ese Zoom fue organizado por el propio Guzmán y por Sergio Chodos, todavía director por Argentina en el Fondo. Del otro lado, ese día, estaban el jefe y la subjefa para América del organismo, Ilan Goldfajn y Julie Kozack. Y lo que le aclararon, según les contó indignado Guzmán esta semana a varios empresarios que volvieron a conversar con él, es que no se podía aprobar el financiamiento sin el memorándum.

Planeros y planeros

Sería casi anecdótico si no fuera porque ese acuerdo con el Fondo empieza a exigir sacrificios que ponen en riesgo el único mérito que el establishment empresario le reconoce unánimemente al peronismo: su capacidad de mantener la paz social. Por ejemplo, un significativo ajuste del programa Potenciar Trabajo, que amenaza con reinstalar la semana próxima la clásica tensión callejera de cada diciembre.

Hay dos proyectos que tienen en vilo a las organizaciones sociales. Uno apunta a desenganchar el monto del Potenciar del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) y que los aumentos sean discrecionales. El otro, a instalar un tope para que nadie pueda recibir transferencias del Estado por más del 30% de la RIPTE, lo cual equivaldría hoy a limitarlas a $50 mil mensuales. Esto último perjudicaría especialmente a mujeres jefas de hogar que cobran a la vez el Potenciar ($30 mil a cambio de una contraprestación laboral de 4 horas diarias), la Tarjeta Alimentar y las asignaciones por sus hijos. Ambos proyectos son coherentes con el recorte de fondos para ese fin que prevé el Presupuesto.

Antes que eso, de todos modos, está el pago de los haberes de noviembre, que debería concretarse el lunes. Quedó en medio de un suspenso inflamable por la causa que abrió el fiscal Eduardo Taiano a partir de la filtración de un informe oficial que tergiversaron dos medios para instalar la falsa noticia de que una quinta parte de los beneficiarios del Potenciar compra dólares, tiene prepaga y liquida Bienes Personales. Nada es cierto pero igual sirvió para que el juez le pidiera a la AFIP que levante el secreto fiscal sobre los 1,3 millones de ciudadanos que lo cobran.

La AFIP obedeció y le giró el martes al juez los datos personales de todos ellos. Entre las organizaciones corría ayer el rumor de que, al cruzar los datos de las cuentas de MercadoPago de los beneficiarios del Potenciar, el Ministerio de Desarrollo Social suspendería el pago para cerca de 300 mil de ellos. La CCC, parte del Frente de Todos, se declaró en estado de alerta y movilización. Los grupos más combativos amagan con otro acampe en la 9 de Julio.

El referente de la UTEP, Juan Grabois, lamentó por Twitter haber pasado casi dos años pidiéndole a José Mayans, el jefe peronista de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda, que levantara el secreto fiscal sobre los 100 argentinos ricos que compraron 24 mil millones de dólares durante el gobierno de Macri. Es decir, quienes se beneficiaron con el megapréstamo del FMI. Jamás tuvo eco. A esta altura sabe que no lo tendrá. Pero el contraste entre una situación y otra amenaza con hacer crecer una protesta que, en función de cuánto anestesie el dolor de bolsillo la alegría mundialista, puede calentar diciembre más de lo que marque el termómetro.

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Alejandro Bercovich

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