Tras el rechazo del presupuesto del año pasado, este año las empresas deberían aplicar de manera “plena” el ajuste por inflación impositivo. Sin embargo, la idea del oficialismo es prorrogar el régimen que se vino aplicando durante los últimos años, que permitió imputar en cuotas el ajuste por inflación, con el objetivo de fomentar la inversión y la generación de empleo.

Esta es el debate que en estos momentos se está dando en la Cámara de Diputados, que encendió el fuego cruzado de intereses.

En el proyecto presentado del Presupuesto 2023, queda claro cuál es el impacto en el fisco: si se aplicara el ajuste por inflación de manera plena, el Estado Nacional dejaría de recaudar alrededor de $ 240.000 millones. En la visión del fisco, la extensión del mecanismo en cuotas tiene dos razones. En primer lugar, aumenta la recaudación, esto porque entiende que hay más empresas que tienen pérdidas por aumento por inflación que aquellas que obtienen ganancias. Entonces, en el universo total, hay una pérdida neta que en lugar de deducirse en un ejercicio se deduciría en tres ejercicios a valor nominal. En segundo lugar, porque promueve la inversión y el empleo.

Asimismo, una menor recaudación impactaría en las arcas provinciales que verían disminuidas las partidas de coparticipación, por eso será interesante analizar cómo responderán los diputados frente a sus provincias ante el debate planteado.

En el congreso miraban al sector financiero y lo identifican como el sector que estaría impulsando que el impuesto se aplique de manera plena, en un solo ejercicio, pese a que eso generaría una importante caída en la recaudación.

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