El Banco Central (BCRA) prorrogó hasta el 31 de diciembre la Comunicación A 7.532, que se vencía el próximo 30 de septiembre, por la cual se distribuyó un cupo mensual de acceso a dólares para importación y la obligatoriedad de financiar a 180 días las compras al exterior que se tramitan a través de las SIMIs B. La medida generó complicaciones en el abastecimiento de insumos para la industria, las cuales se sintieron a partir de julio en la actividad sectorial y los empresarios advierten por posibles parates.

La medida se había tomado el pasado 27 de junio para afrontar la escasez de reservas y poder cumplir con la meta de acumulación pactada con el FMI para el segundo trimestre. La misma había generado un freno en las importaciones en la última semana de ese mes, por la que el BCRA pudo sumar US$ 1.500 millones y cumplir con el objetivo.

En los meses siguientes, hubo algunas flexibilizaciones puntuales y la promesa oficial a los empresarios es avanzar en más, teniendo en cuenta la realidad de cada sector. “Esto nos puede ayudar a superar esta dificultad que nos trae, especialmente en los meses de invierno, la importación de energía”, había dicho el titular del BCRA, Miguel Pesce.

"Con este financiamiento esperamos reducir el impacto de las importaciones en los próximos meses y esperamos acumular reservas. Cuando baje el consumo de importaciones de energía, vamos a volver atrás con esta medida”, había asegurado. Sin embargo, en los próximos meses se espera una menor demanda de visias para comprar energía, en el marco de mayores temperaturas, pero la medida fue prorrogada.

La parte más controvertida de la Comunicación A 7.532 fue las que involucraron a las SIMIs B, correspondientes a las Licencias No Automáticas, las cuales solo pueden acceder al mercado de cambios a partir de 180 días del despacho a plaza. Esto obligaba a las compañías a conseguir financiamiento de su proveedor, alguna entidad financiera o su casa matriz. Esto se dio en el marco de las denuncias por un “festival de importaciones”.

Por su parte, las pequeñas y medianas empresas habían quedado exceptuadas de las exigencias vigentes de financiar sus importaciones por un incremento de 15% respecto al año anterior, con un límite de hasta US$ 1 millón.

En ese marco, las empresas industriales advirtieron desde que se conoció la medida que habría un efecto en la producción, ya que muchas firmas tienen dificultades para acceder a financiamiento. De hecho en julio, primer mes de vigencia del endurecimiento del cepo, la actividad sectorial cayó 1,2% mensual desestacionalizado. 

Este miércoles la UIA se reunió por primera vez con el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, para conversar sobre la situación de acceso al mercado de cambios. Los industriales transmitieron al funcionario sus inquietudes sobre las problemáticas para acceder al mercado de cambios y los casos más críticos para garantizar el acceso a “insumos, repuestos y maquinarias para que no se corten los procesos productivos”.

En tanto, las SIMI categoría A mantuvieron el acceso al mercado de cambios por el equivalente al promedio mensual de importaciones de 2021 más 5% o de 2020 más 70%. Estas incluyen a las autorizaciones de importación de bienes que están sujetos a las Licencias Automáticas, que tienen menos controles para su ingreso.

También se dispuso en aquel momento, en coordinación con el entonces Ministerio de Desarrollo Productivo, ampliar las posiciones arancelarias de bienes equivalentes a los producidos en el país que tendrán acceso al mercado a partir de 180 días y la de bienes suntuarios que podrán acceder a partir de los 360 días. En cuanto a las importaciones de servicios, se equipararon en el tratamiento a la de bienes permitiendo el acceso al mercado por el mismo monto que en 2021 y en caso de superar el importe el saldo a 180 días.

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Agustín Maza

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