El ajuste económico está en pleno desarrollo. Por tercer mes consecutivo, el gasto público de la administración central cayó en términos reales. En septiembre, el nivel del gasto tuvo un incremento del 55% interanual pero con una inflación que se ubicó en el 84,7%. Para el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) estos números tienen dos lecturas: que el gasto cayó en términos reales un 16,1% y que la inflación de septiembre se ubicará en el 7,2%.

El ajuste se percibe tanto en las inversiones de capital (obra pública) y servicios sociales, rubro que también crece muy por debajo de los niveles de inflación. Tal como se dejó por escrito en el acuerdo con el FMI, toda mejora de la recaudación por sobre lo estimado – el mes pasado tuvo un alza del 117,9% - debe utilizarse para cumplir la meta de déficit con el organismo en vez de ampliar el Presupuesto. Las cuatro millones de personas que viven en situación de indigencia aguardan por el bono prometido.

El mes pasado, el gasto público registró una retracción real del 16,1%. En el ejecutado total, solo los pagos de deudas se actualizaron por encima de la inflación (94%). “La ejecución de la inversión de capital es del 55%, por debajo del promedio. En este rubro se concentraron las reducciones presupuestarias de las Decisiones Administrativas de agosto y septiembre”, puede leerse en el último informe del CESO. El mes pasado, este rubro solo creció un 6% interanual, mientras que en el acumulado lo viene haciendo al 46%, lo que implica una reducción real del 11,4%.

El otro recorte en términos reales se percibe en los servicios sociales, con un incremento promedio del 74 por ciento, es decir 10 puntos por debajo de la inflación. La lectura del Presupuesto debe ser transversal a todos los ministerios. El recorte de la función servicios sociales se registra, principalmente, en agua potable y alcantarillado, con un 50% de ejecución presupuestaria, en el área de Trabajo, con una ejecución del 52,9% y en Vivienda y Urbanismo, con un nivel de ejecución del 64%.

Algo diferente sucede con el programa Potenciar Trabajo, que ya alcanzó un nivel de ejecución del 98,7%. “Seguramente se necesite una ampliación. Tampoco alcanzará el presupuesto que está asignado a prestaciones previsionales (71,9% ejecutado) ni el de Asignaciones Familiares (81,3% ejecutado)”, indicaron desde CESO.

El análisis sobre la ejecución presupuestaria da cuenta de una merma de los subsidios energéticos durante el mes pasado, donde se registró un incremento mensual del 6,2%, es decir una caída real del 42,2%. “En el acumulado enero-septiembre, los subsidios energéticos tuvieron un alza del 59% nominal respecto de igual período de 2021 y una disminución de 3,3% en términos reales”, analizó el Grupo de Estudios de la Realidad Económica y Social (GERES).

También hubo un fuerte recorte de los Aportes No Retornables (ATN) hacia las provincias. En septiembre se destinaron 892 millones, apenas un 10% de lo distribuido durante el mismo mes de 2021. El FMI también había planteado meter mano en los recursos discrecionales hacia las provincias.

El mes pasado, la recaudación tributaria tuvo un fuerte reboto a partir de los mayores ingresos en concepto de retenciones y la liquidación del sector agroexportador. La mejora real de los ingresos fue del 18%, guarismo que no se tradujo en una expansión del gasto durante el mes. De hecho, ocurrió todo lo contrario. El Gobierno sigue dilatando la definición sobre un bono para mejorar los ingresos de los sectores más vulnerables, en un contexto donde la inflación de todo el año se encamina a registrar una suba del 100% y la pobreza podría llegar al 40% de la población.

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Sebastián Premici

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