La posibilidad de que la empresa Vicentin ingrese en un proceso de cramdown dictado por la Justicia a partir de deuda de 1500 millones de dólares que mantiene la cerealera y exportadora con entidades financieras y productores, comenzó a alinear actores que se pronunciaron sobre el futuro de la compañía.

El presidente Alberto Fernández, el domingo, sostuvo que la intervención de la Corte Suprema de Santa Fe abre la opción de un cramdown o salvataje con una propuesta vía el Banco Nación, que es el principal acreedor de Vicentin. Y sostuvo que podría ser una "empresa testigo".

El presidente del BNA, Eduardo Hecker, dijo entonces que en la situación actual de Vicentin "se debe realizar una nueva propuesta que comtemple los intereses de los distintos sectores, tanto público y privado".

Hecker señaló que debe contemplar el "funcionamiento a pleno de la compañía; que genere empleo y que además genere alternativas para la producción e incrementos en el valor agregado" en una opción superadora al debate de empresa testigo sí o no.

Qué dicen las cerealeras sobre Vicentin

En tanto, el sector que nuclea a las empresas cerealeras rechazó el punto que planteó el presidente respecto de la necesidad de una "empresa testigo" y remarcó que "no existe un mercado cartelizado sino un mercado transparente".

"No existe un mercado cartelizado sino que en argentina existe uno transparente con muchas empresas y cooperativas que compiten entre sí y que le han permitido al país ser un jugador mundial de relevancia más allá de los intentos intervencionistas contra la cadena agroindustrial", indicó en un comunicado el Centro de Exportadores de Cereales CIARA-CEC.

Agregó que "en la Argentina operan más de 20 empresas en el rubro de exportación de maíz y trigo, siendo uno de los países del mundo con mayor grado de desconcentración de empresas exportadoras con amplia presencia de empresas argentinas, cooperativas e internacionales".

Eduardo Hecker, presidente del Banco Nación, el principal acreedor de Vicentin 

"Se debe realizar una nueva propuesta que comtemple los intereses de los distintos sectores, tanto público y privado" (Eduardo Hecker, BNA) 

Sobre ese punto, CIARA dijo que "no es razonable instaurar una empresa testigo" y enumeró las acciones estatales sobre el mercado:publica el precio fob, índice que es la referencia para pagar derechos de exportación y difunde todos los días los precios y volúmenes de operaciones de mercado vía el siogranos.

También "registra todos los contratos de exportación y los autoriza; cuotifica la exportación de maiz y trigo para permitir volumen suficiente de consumo nacional, y ejerce los plazos más cortos del mundo en ingreso de divisas".

"El Estado argentino es el más presente de todos los países exportadores de granos y derivados. Las experiencias de empresas estatales de granos fueron eliminadas en los países exportadores y competidores hace muchos años", remarcó. 

Reclamos del agro

CIARA remarcó que "la industria de molienda de soja está estancada hace diez años con la mitad de su capacidad ociosa debido a la falta de una política que promueva su cultivo e industrialización" y remarcó que existe mucha presión tributaria sobre la cadena de valor.

"El Estado debería trabajar en resolver estos problemas para que el primer aportante de divisas del país crezca en lugar de disponerse a gastar los impuestos de los contribuyentes en operaciones de empresas privadas".

El complejo agroexportador, durante el mes de mayo, liquidó USD4.200 millones, una cifra récord que significó un 33% más que en abril y ascendió a USD 15.000 millones a lo largo del año.