El Gobierno de España aprobó la denominada ‘Ley Rider’, una nueva regulación que obliga a las plataformas digitales a convertir a sus repartidores en asalariados, en el término de los próximos tres meses.

“Decimos que los trabajadores y trabajadoras que desempeñan su tarea en las plataformas digitales de cualquier tipo son laborales, y por tanto conllevan todos los márgenes y derechos que concita el Estatuto de los Trabajadores”, anunció en rueda de prensa la ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz.

La nueva norma, que, según el Gobierno, afectará a unos 16.000 trabajadores, reconoce a los ‘riders’ como empleados de las plataformas, con sus correspondientes derechos de organización, sindicalización, protección social y salarios en blanco, según señala el medio español El Periódico.

“Un joven que va en una bicicleta con una app o un dispositivo no es un emprendedor”, defendió la ministra de Trabajo, quien remitió la norma a las decisiones de “infinitud de tribunales” sobre la relación laboral que existe entre repartidores y plataformas.

En septiembre de 2020, el Tribunal Supremo de España sentenció que las personas que prestan un servicio para estas empresas digitales son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.

Ahora, y tras meses de negociaciones con sindicatos y empresarios del país, el Gobierno de España sancionó el decreto ley que entrará en vigor a mediados de agosto.

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En la práctica, esta ley obliga a plataformas digitales dedicadas al reparto de cualquier producto como Glovo, Deliveroo, y otras a contratar a las personas que lleven a cabo sus servicios.

También especifica el deber de las empresas a informar sobre los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que influyen en la organización de las tareas laborales o las condiciones de trabajo.

Según explicó la ministra Díaz, este segundo apartado se aplicará en todas las empresas españolas, que “tendrán que dar transparencia para saber realmente si ese algoritmo, fórmula matemática, o instrucción en términos de inteligencia artificial tiene algún sesgo en la relación laboral”.

España se convierte así en el primer país de la Unión Europea en crear una ley específica para acabar con el modelo de ‘falsos autónomos’ entre empleados de las plataformas digitales.

“El mundo está mirando a España”, celebró la ministra Díaz tras destacar que el país se convierte “en la vanguardia de la legislación internacional” en este ámbito.

Quejas

Pese a contar con el aval de agentes sociales y empresarios del país, la nueva legislación concitó la oposición de las plataformas de reparto y de parte del colectivo ‘rider’.

En 2017, a raíz de varias denuncias contra la precariedad del modelo laboral de estas compañías, los repartidores se asociaron bajo el movimiento Riders x Derechos y comenzaron a movilizarse.

Respecto de la nueva ley, la organización advirtió que hay “vacíos” que permitirán a las empresas “continuar con sus triquiñuelas y salir impunemente de las que ya han realizado”.

Desde otra vereda, también cuestionando la ‘Ley Rider’, están los repartidores que prefieren seguir siendo autónomos.

Unos 4.000 de ellos se movilizaron en 10 ciudades de toda España, convocados por la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA) y Repartidores Unidos.

El presidente de APRA, Jordi Mateu, afirmó en declaraciones a Sputnik que la nueva legislación creará una “absoluta precariedad” porque fomentará los contratos temporarios o la obligación de trabajar en horarios específicos.

“Nuestros ingresos bajarán drásticamente y perderemos nuestra flexibilidad y libertad. Prevemos que el 75% de puestos laborales que tenemos hoy serán destruidos”, dijo Mateu, que calcula que más de 15.000 repartidores se quedarán sin trabajo.

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