El colegio de comisarios europeos aprobó un documento con propuestas para que los 27 países de la Unión Europea (UE) hagan frente a la crisis energética derivada del alza de los precios de las materias primas y del conflicto entre Rusia y Ucrania, en el que se destaca un impuesto solidario a las generadoras eléctricas nucleares y a base de combustibles fósiles, con el objetivo de recaudar 140.000 millones de euros que serán volcados en subsidios a consumidores y empresas.

En el paquete de recomendaciones figuran además medidas de ahorro, con el objetivo de reducir la demanda de gas, y cubrir la mayor parte de la demanda eléctrica con tecnologías renovables y con energía nuclear.

A partir de ahora se abre un periodo de negociación con los socios comunitarios que deberá cristalizar en un acuerdo en la reunión extraordinaria de ministros de Energía convocada para dentro de dos semanas, el 30 de septiembre, en Bruselas, informa RTenespañol.

Recaudación

La medida más importante anunciada hoy consiste en la aprobación de una 'tasa solidaria' a las compañías que producen electricidad de origen renovable, nuclear y con lignito. Este nuevo impuesto se espera que sea del 33% de los beneficios extraordinarios obtenidos este año.

Se trata de una propuesta que ha contado con un amplio consenso entre los 27 Estados miembros, convencidos de que las empresas que más beneficios están consiguiendo gracias a la coyuntura actual deben colaborar para salvar una economía lastrada por la inflación y amenazada por una probable próxima recesión.

La propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, estimó que esta medida recaudará más de 140.000 millones de euros. "Millones de europeos necesitan apoyo para pagar sus facturas de energía. Algunas empresas producen electricidad a bajo costo y obtienen grandes márgenes. Proponemos un tope a sus ingresos que recaudará más de 140.000 millones de euros. Y reformaremos profundamente nuestro mercado eléctrico", prometió Von der Leyen.

 
 

Aunque no se detallaron las otras propuestas aprobadas, estas estarían encaminadas a la reducción del consumo de electricidad de hasta un 10% por parte de cada uno de los Estados miembros. Este ahorro se debería concentrar en las horas pico de consumo, donde el descenso tendrá que ser del 5 por ciento.

Medidas

Se espera que las nuevas medidas sigan la senda marcada por España y Portugal. En este sentido, se trataría de priorizar acciones flexibles y voluntarias, como las que ya puso en marcha España para reducir el consumo eléctrico, que incluyen el apagado de luces en comercios y edificios administrativos cuando no estén en uso; así como la limitación de la temperatura de las instalaciones de climatización, hasta un mínimo de 27 grados en verano y un máximo de 19 grados en invierno.

Por otro lado, se espera una extensión adaptada de 'la excepción ibérica'. Bajo este mecanismo, España y Portugal fijaron precios máximos del gas para la generación eléctrica, que es la tecnología más cara que entra en la subasta de electricidad y cuyo precio se aplica al resto de tecnologías más baratas, sobrerretribuyéndolas de manera artificial.

De este modo, a pesar de que se debe compensar a las empresas gasísticas por la diferencia entre ese tope y el precio de su materia prima en los mercados internacionales, la disminución de la retribución a las otras fuentes de energía eléctrica ha resultado en un ahorro del 18 % en las facturas de los consumidores españoles y portugueses desde que comenzó a aplicarse en mayo.

Sin embargo, la Comisión reconoce que necesita más tiempo para diseñar y consensuar dos medidas en esta línea: poner un límite al precio del gas y aumentar la liquidez de los mercados financieros de futuros de la energía.