Por impulso de los gobernadores, el interbloque del Frente de Todos presentó este jueves en el Senado el proyecto que sube a 25 el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia. 

La idea de reformar el Alto Tribunal surgió entre un grupo de mandatarios provinciales, en medio de la puja que el Ejecutivo nacional tiene con la Ciudad por la coparticipación y el eventual fallo a favor de este distrito por parte de los jueces supremos. La semana pasada, finalmente llevaron la propuesta al presidente Alberto Fernández, quien se comprometió a activar el debate en el Congreso.

En el Senado ya habían comenzado a tratar en comisiones una serie de proyectos para elevar la cantidad de miembros de la Corte Suprema, entre ellos el del oficialista Adolfo Rodríguez Saa, quien propone que sean 9 magistrados.  

Según el documento que presentaron los gobernadores al mandatario, la necesidad de llevar a 25 el número de integrantes del Máximo Tribunal tiene "el objeto de promover la unidad nacional en el cumplimiento de tres principios", referidos  al "federalismo, equidad de género y especialidad en la materia".

La iniciativa que se presentó en el Senado consta sólo de cinco artículos y lleva las firmas de los jefes del interbloque del Frente de Todos, el formoseño José Mayans y la mendocina Anabel Fernández Sagasti. En los próximos días, empezará a ser tratado en la comisión de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales.

El proyecto

 

La ley vigente, aprobada en 2006, establece que la Corte Suprema debe estar integrada por cinco jueces,. Hoy, esos lugares están ocupados por Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Carlos Maqueda. El quinto puesto quedó vacante tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco y, hasta ahora, el Ejecutivo nacional no envió a la Cámara alta ninguna propuesta para su reemplazo.

El proyecto presentado por Mayans y Fernández Sagasti propone que "la Corte Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por veinticinco jueces y juezas" y ante ella actuará la Procuración General y la Defensoría Oficial. Sin embargo, según la iniciativa, el modo de organización y funcionamiento del Máximo Tribunal deberá estar determinado por "una ley especial" redactada con posterioridad.

En el segundo artículo, el texto plantea que "durante el proceso de nombramiento e integración, las decisiones de la Corte se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los miembros que la integren al momento de adoptarlas.

El artículo tercero mantiene en su lugar a los actuales cuatro jueces al señalar que "conservarán sus cargos conforme lo estipula el artículo 110 de la Constitución Nacional", o sea "mientras dure su buena conducta".

Además, se propone que la cobertura de las 21 vacantes "tendrá en consideración la actual composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación" y que el resto de los magistrados "se irán integrando conforme sean designados de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley".

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