Con cruces pero sin desbordes, Diputados empezó a tratar el juicio político a la Corte Suprema

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados comenzó este jueves a tratar los 14 pedidos de enjuiciamiento a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Como estaba previsto, el oficialismo apuntó contra los magistrados por sus fallos sobre el Consejo de la Magistratura y la coparticipación, pero también por el caso "Muiña", en el que se benefició a un represor con el cómputo del 2x1. 

Cuando la sala del segundo piso estaba repleta de diputados, asesores y trabajadores de prensa, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, se dispuso a enunciar cada uno de los pedidos de juicio político contra Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. La mayoría de las iniciativas involucran a los cuatro jueces, aunque algunas se acotan a la figura del presidente del Máximo Tribunal, quien en el último tiempo quedó en el ojo de la tormenta tras la difusión de los supuestos chats entre su mano derecha, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, que actualmente está de licencia. 

Además del proyecto que hace algunos días presentó un grupo de legisladores oficialistas encabezados por Eduardo Valdés, se incorporó a último momento una denuncia del abogado Pablo Llonto contra Rosatti por incumplir su función como presidente de la Corte de convocar a la Comisión Interpoderes, un organismo creado en 2009 por ese Tribunal para evitar las demoras en los juicios por delitos de lesa humanidad.

En línea con lo acordado el miércoles último por las autoridades del bloque del Frente de Todos, que conduce Germán Martínez; Gaillard se ciñó a brindar precisiones sobre la primera parte de la hoja de ruta del debate que impulsó el presidente Alberto Fernández y una decena de gobernadores. El jueves próximo expondrán los autores de las diferentes iniciativas, entre las que hay dos que presentó la Coalición Cívica contra Lorenzetti, y la semana siguiente analizarán la admisibilidad del proceso.

Bajo la premisa de que se busca "disciplinar" a la Justicia, los legisladores de Juntos por el Cambio acusaron a los integrantes del Frente de Todos de "generar un gran circo" en el marco de la campaña electoral. "Esto es una puesta en escena que nos ofrece el Presidente, quien es el principal impulsor mediático de este circo. La agenda del Gobierno tiene que ver con la manipulación de la Justicia en nuestro país", remarcó el diputado de PRO Omar De Marchi durante su intervención.

"Quieren el sometimiento total del Poder Judicial a su voluntad y eso no corresponde con el sistema democrático y constitucional en el que vivimos y por eso atacan a la Corte", agregó el diputado de la Coalición Cívica y vicepresidente de la comisión, Juan López.   

"No venimos a montar ningún circo político", respondió Martínez, a la vez que recordó que el juicio político a la Corte Suprema está contemplado en la Constitución Nacional. Y subrayó: "Estamos ante una situación de gravedad institucional extrema a partir de la cantidad de acusaciones, de situaciones expresadas en esta comisión. Hay sospechas gravísimas en un montón de circunstancias y análisis muy concretos de que no solamente hay arbitrariedades, parcialidades y situación de mal desempeño, sino que también en algunos casos claramente hay persecución política en la Argentina".

"No estamos discutiendo a una institución, a la Corte Suprema, sino que estamos discutiendo la conducta de los hombres que componen esa institución y lo estamos haciendo para poner a salvo a esa institución", planteó el oficialista Hugo Yasky. Y puntualizó que "se busca que haya una Justicia independiente del poder económico", al mismo tiempo que dijo que "500 grandes empresarios del país salieron a defender como propia a la Corte", mientras las "centrales sindicales, organismos de derechos humanos, movimientos sociales, movimientos feministas, campesinos, de pueblos originarios están clamando para que en la Argentina haya una Corte que por lo menos sea independiente".

Más allá de las críticas de la alianza opositora, el oficialismo celebró la primera reunión de la comisión de Juicio Político, sobre todo porque considera que Juntos por el Cambio avaló la discusión con la presencia de sus legisladores. Sin embargo, varios diputados oficialistas se mostraron cautos sobre lo que sucederá en los próximos encuentros, convencidos de que los diputados de PRO, la UCR y la Coalición Cívica intentarán acortar el debate en la comisión.  

"Primero tenemos que demostrar que las denuncias contra los jueces tienen entidad, luego resolver sobre la admisibilidad y recién ahí podremos empezar a llamar a los testigos", dijo a BAE Negocios uno de los 16 diputados oficialistas que integra la comisión de Juicio Político. 

Todavía resta definir puertas adentro de la bancada del Frente de Todos qué postura adoptarán si alguno de los testigos -que tienen la obligación de acudir a la comisión en caso de ser convocados- resuelve no presentarse ante los legisladores. Una opción es recurrir a un juez para forzar al testigo a asistir al Congreso, sin embargo algunos creen que el propio Parlamento podría requerir de forma directa la intervención de la fuerza pública, sorteando al Poder Judicial. 

En diálogo con este diario, el diputado oficialista Rodolfo Tailhade destacó que "la oposición se sentó, está participando del debate y que por lo tanto está legitimando el juicio político que se empezó contra los jueces de la Corte". También planteó que además de los cuestionamientos al fallo sobre el Consejo de la Magistratura y la resolución a favor del Gobierno porteño en la puja que tiene con la Nación por la coparticipación, "hay cuestiones muy serias, vinculadas a delitos de lesa humanidad y a los damnificados de la obra social, que van a tener que venir a declarar".   

Entre los fundamentos del proyecto de 410 páginas que presentó Valdés se solicita que los cuatro jueces del Máximo Tribunal brinden testimonio en la comisión. También se prevé citar a los gobernadores que firmaron el comunicado de apoyo al juicio político; D'Alessandro, Robles; funcionarios del Ejecutivo nacional y de la Corte Suprema; y miembros de diferentes organismos de derechos humanos. En tanto, la oposición no descarta pedir que se presente el ministro de Economía, Sergio Massa.

En el interbloque de Juntos por el Cambio ya resolvieron que no le dejarán la palabra al Frente de Todos, corriéndose del debate. "Este juicio es sólo construcción de relato y nosotros vamos a contestar cada una de las mentiras del kichnerismo", dijo a BAE Negocios la diputada de PRO Silvia Lospennato.

Uno y otros saben que la discusión se extenderá, incluso están preparados para que dure algunos meses y se superponga con el inicio de la campaña electoral. Por ahora, Juntos por el Cambio se conforma con que el Frente de Todos no podrá reunir el número (dos tercios) en el recinto para elevar el tema al Senado y el oficialismo festeja la posibilidad de esmerilar y dejar expuestos a los miembros de la Corte en la comisión.