El desalojo de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu que se había asentado en lotes ubicados en la localidad de Villa Mascardi, departamento Bariloche, generó una nueva interna en el Gobierno nacional, al momento en que el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD), que comanda Elizabeth Gómez Alcorta, denunciara que en el procedimiento policial hubo "graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres detenidas", lo que culminó con la presentación de la renuncia de la funcionaria al Presidente Alberto Fernández, la que aún no habría sido aceptada. 

"No hay respuesta" por parte del jefe de Estado, señalaron fuentes de la Casa Rosada a la agencia NA, desde donde detallaron que la renuncia fue presentada luego de que la funcionaria nacional advirtiera "graves" vulneraciones en el procedimiento que realizaron las fuerzas federales a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Cronología de una renuncia cantada

Tras el operativo ordenado el último martes por la jueza federal subrogante, Silvina Domínguez, que dejó como saldo 12 detenidos, entre ellos 7 mujeres y realizado por efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el ministro Aníbal Fernández (Seguridad) señaló que este se llevó a cabo "con silencio y con cuidado".

El funcionario nacional negó que durante el desalojo se hayan producido disparos o agresiones: "Ninguna de esas cosas pueden ser ciertas porque no había armas letales. Ni un rasguño siquiera. Me cansé de escuchar que hubo agresiones y disparos", se quejó.

Sin embargo, una de las mujeres que terminaría detenida, denunció a través de un audio difundido por el canal Winkul Mapu de Youtube, que fueron "desalojadas por la fuerza del territorio" con los niños, una bebé de un mes, otra de cuatro meses, y una mujer embarazada, y advirtió que fueron "gaseadas" dentro de las viviendas, junto a los menores de edad.

Traslado de mujeres mapuches al penal de Ezeiza viola derechos 

En el día de ayer, la jueza Domínguez dispuso el traslado de cuatro de las detenidas, Martha Luciana Jaramillo, Andrea Despo Cañuqueo, Florencia Melo y Débora Vera, al penal de Ezeiza para su alojamiento temporario, mientras se resuelve su situación procesal, pese a que una de ellas embarazada, debió ser trasladada a un centro de salud por posible trabajo de parto, y desoyendo el pedido de sus abogados defensores para que se dejara sin efecto la medida.

Ante esa situación, Gómez Alcorta, siguió con atención el caso con el objetivo de intervenir "activamente para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres indígenas detenidas ante el incumplimiento por parte del poder judicial de la legislación vigente y los pactos internacionales de los que la República Argentina forma parte".

La cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad, presentó un escrito en la causa, para hacer saber su preocupación sobre el riesgo de vida que corre la mujer que se encuentra embarazada y advirtió sobre las "graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres detenidas".

Asimismo, desde ese ministerio, indicaron que durante la jornada de hoy, presentarían un nuevo escrito judicial para manifestar "la preocupación por las violaciones a los derechos humanos de las mujeres trasladadas a Ezeiza y de sus familiares, en virtud de lo sostenido en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso López contra el Estado argentino del 25/11/2019, por el que se prohíbe el traslado de personas a distancia de su lugar de residencia".

En declaraciones radiales, Gómez Alcorta alertó que "la situación es sumamente preocupante" y agregó que "desde hace más de 48 horas detuvieron a siete mujeres indígenas, una de ellas una líder espiritual de la comunidad".

Precisó, además, que de las siete mujeres, dos de ellas estaban con sus niñes muy chiquitos, de un mes y de cuatro, otra de las mujeres está embarazada de 40 semanas y con algunos temas de presión alta", agregó.

"Todas las personas tenemos el derecho de contar con una defensa, eso lo dice la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales, en este caso la magistrada negó ese derecho", indicó la aún ministra.

Aníbal Fernández sobre detenciones: "Lo decide la justicia, no soy yo"

Por su parte, el ministro Fernández, en declaraciones formuladas esta mañana a la Televisión Pública, buscó despegarse de las denuncias, al sostener que "hubo una semana de trabajo previo de preparación de una estrategia que nos permitiera ingresar a ese lugar, para poder resolver el tema de la usurpación". 

"Funcionó y no entramos con armas letales", señaló, al tiempo que subrayó que "hay indicaciones y pedidos de capturas por parte de la jueza que tiene la causa; es la Justicia la que decide, no soy yo", dijo el titular de la cartera de Seguridad.

Repudio de organismos de derechos humanos  

El traslado a Ezeiza de las cuatro mujeres mapuches también generó este jueves el repudio de varias organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas, entre ellas, Justicia Legítima, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el colectivo Actrices Argentinas, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Frente Patria Grande. 

Los abogados de las detenidas cuestionaron esa decisión por tener "falta de perspectiva de género" y la consideraron una "pena adicional" que implica "llevarlas a 1.600 kilómetros de distancia de su grupo familiar.

"El hecho del que se las acusa es en la Patagonia. La jueza que ordenó su detención es de allá. No entendemos este destrato hacia estas cuatro mujeres", indicó a su turno, el abogado y director de Litigios del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales.

Para el referente del CELS se trató de una "medida extremadamente violenta" y que está basada "en su calidad de mujeres y en su identidad cultural, ser mapuche", dijo Morales, quién subrayó que estas "no conocen los cargos que se les acusan y no han podido tener contacto con los abogados".

Mientras que a través de un comunicado, Justicia Legitima expresó su solidaridad "con el Pueblo hermano Mapuche" y repudió "la represión desatada contra la comunidad Lafken Winkul en Lago Mascardi, Río Negro".

La organización indicó que la "dilatada conflictividad" en esa zona "requeriría del Estado Nacional y el Provincial" para buscar "acuerdos razonables y ajustados a derecho" y no "la represión y el desalojo" durante el operativo realizado el martes pasado en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de San Carlos de Bariloche.

Asimismo, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) también repudió las detenciones y traslados, los que consideró "un despojo de sus territorios y vulneración a los derechos de las comunidades" y desmintió que los integrantes de la organización indígena sean terroristas: "Son pueblos originarios, históricamente postergados, cuyos derechos son sistemáticamente vulnerados por la ausencia de respuestas concretas del Estado".

Mientras que el Frente Patria Grande sostuvo que el Gobierno nacional, en vez de "promover el diálogo y la paz", intervino de "forma represiva", al tiempo que consideró necesario "que se reactive el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), actualmente paralizado, para continuar con los relevamientos de las comunidades y avanzar en la solución definitiva a los problemas de hambre, tierra y exclusión" que sufren los pueblos originarios en todo el país".

A su turno,  el colectivo de Actrices Argentinas también exigió "la inmediata libertad" de las siete mujeres detenidas de la comunidad mapuche y puso el acento en que una de ellas está embarazada y atraviesa un "parto en cautiverio".

"¡Basta de represión al pueblo mapuche! ¡Difundamos este avasallamiento a los derechos humanos más básicos!", expresó la agrupación en su cuenta de Twitter.

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