El Gobierno rechazó cambios en el régimen de indemnizaciones

Mientras el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, rechazó que una reforma laboral forme parte de la agenda del Gobierno, incluyendo el capítulo modificación al régimen de indemnizaciones, los sectores empresarios que alientan cambios de raíz en esa normativa siguen motorizando sus proyectos.

La prioridad de mínima, en la expectativa de los empleadores, se cifra en lograr variantes en el sector pyme, un escenario que algunos laboralistas y gremios consideran "viable" para modificaciones en virtud del escenario que determina la pandemia en el mundo del trabajo.

Moroni fue consultado específicamente sobre la posibilidad de que prospere el Seguro de Garantía de Indemnización (SGI) y dijo que "no hay motivos para tenerlo en cuenta", en diálogo con Futurock. Ocasión donde además el titular de Trabajo sí aceptó que hay convenios de labor que deberán ser revisados en cuanto a su vigencia y defendió la negociación paritaria.

Sin perjuicio de esos dichos el proyecto "Mochila Argentina", cuyo mentor es el empresario textil Teddy Karagozian, logró la atención de despachos oficiales en una secuencia todavía en desarrollo, como publicó BAE Negocios la semana pasada.

Zona probable

A la luz de informes globales y nacionales sobre el efecto pandemia una modificación para las disposiciones sobre compensación por despidos se aprecia factible en pymes. "Debería estar acotado allí", remarcaron fuentes del derecho laboral a este diario.

Desde Industriales Pymes Argentinos (IPA) y sindicatos vinculados a esa órbita recordaron el proyecto Fondo de Indemnización y Retiro (FIR) remarcando que el mismo está en manos del Congreso y el Poder Ejecutivo, data en más de un año "e incorpora como actor central al trabajador, y como socios indispensables a los sindicatos y al Estado", según lo suscribió su impulsor el titular de IPA, Daniel Rosato.

La iniciativa apunta a promover un fondo para los trabajadores pymes sin perjuicio de las condiciones en las que cuales se concrete el alejamiento del empleado. En dicho esquema se propone la creación de una caja que administre los fondos aportados por las pymes, el Estado y en una porción menor, los trabajadores a través de sus sindicatos.

El mismo debería quedar a disposición de los empleados "toda vez que termine la relación laboral, ya sea por desvinculación empresaria, renuncia o jubilación".

En cuanto a si el proyecto de ley para concretar el FIR se constituye en una reforma laboral para su sector Rosato negó tal alternativa. "Bajo ningún punto de vista supone un recorte de los derechos de los trabajadores, sino que se transforma en un complemento. Cualquier empleado tendrá la seguridad de cobrar su indemnización de manera transparente y sin depender de la suerte de la pyme ya que, aunque esta cierre sus portones por quiebra, el trabajador podrá cobrar su indemnización sin recurrir a un juicio", enfatizó el empresario.

El IPA considera que el FIR puede complementarse con las leyes laborales actuales, impulsar el trabajo registrado, ante la certeza sobre las variables de desvinculación sin toparse con una litigiosidad que consideran "innecesaria".