El Gobierno decidió hoy no acatar la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia a favor de la Ciudad de Buenos Aires, que había dispuesto destinar el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables al Gobierno porteño. En cambio, Alberto Fernández decidió recusar a los miembros del máximo tribunal y presentar un pedido de revocatoria “in extremis” contra el fallo, se informó oficialmente.

"En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe", argumentó el Gobierno, a través de un comunicado, luego de una reunión mantenida entre el Presidente y gobernadores peronistas en Casa de Gobierno.

La medida, conocida ayer, falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en una demanda iniciada por la administración de Horacio Rodríguez Larreta en 2020, después de que la Nación le quitara coparticipación mediante un decreto. Los magistrados dispusieron la suspensión de la Ley 27.606 que había reducido la participación de la Ciudad, jurisdicción que entendía la medida como "un perjuicio financiero" y también "una vulneración de la autonomía constitucional de la Ciudad Autónoma". En este sentido, denunciaron que la quita "resquebrajaba la situación de igualdad en que deben estar todos los actores del federalismo".

Tanto el expresidente Mauricio Macri como el propio Larreta festejaron el fallo, y la Ciudad anunció que gracias a eso eliminarían los impuestos a las tarjetas de crédito en el distrito. "Este fallo nos devuelve una gran parte de lo que nos corresponde, a partir de hoy el Gobierno nacional tiene que volver a transferir a la Ciudad el 2,95% de la masa coparticipable y eso me llena de alivio y de esperanza", dijo Rodríguez Larreta ayer en una conferencia en la sede del Ejecutivo.

 

La respuesta del Gobierno

El anuncio de la recusación llega después de una reunión de Alberto Fernández con los gobernadores y gobernadoras de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán.

"Luego de reunirnos con el Presidente de Nación, Alberto Fernández, las y los Gobernadores coincidimos en que el fallo de la Corte Suprema tiene una mirada unitaria, netamente centralista del país, que es de imposible cumplimiento para el Gobierno nacional", subrayó el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, en su cuenta oficial de Twitter.

“Incoherente y antifederal es sacarles recursos a las provincias para darle al Gobierno de la Ciudad, el más rico del país”, dijo el ministro del Interior, Wado de Pedro hoy en Twitter.

 

El Gobierno, con el acuerdo de 14 gobernadores que firmaron el documento, consideró que lo resuelto por el máximo tribunal constituye "un fallo político, de cara al año electoral" y advirtió que, con esa decisión, "la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA".


"Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad", explicó el comunicado difundido por la oficina de la portavoz de la Presidencia.
 

Además, el Gobierno consideró que la Corte argumentó "de manera insólita" que "transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas" y advirtió: "Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación".
 

El documento lleva las firmas de los gobernadores y gobernadoras de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
 

Esas provincias "al verse afectadas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación" y para que soliciten la revocación "in extremis" de la resolución cautelar, según el documento.
 

La decisión que tomaron los gobernadores y Alberto Fernández

El encuentro de hoy entre el Presidente y los gobernadores se realizó en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno, pero un grupo de mandatarios asistió en forma virtual.
 

Fernández estuvo acompañado por el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el secretario de la Presidencia, Julio Vitobello; y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos.
 

Participaron el gobernador bonaerense Axel Kicillof; el formoseño Gildo Insfran, el entrerriano Gustavo Bordet, el riojano Ricardo Quintela; el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raul Jalil.
 

También, el mandatario sanjuanino Sergio Uñac; el santiagueño Gerardo Zamora; el chubutense Mariano Arcioni y el pampeano Sergio Ziliotto.
 

A ellos se sumaron en forma virtual el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich; el fueguino Gustavo Melella; el misionero Oscar Herrera Ahuad; y la santacruceña Alicia Kirchner.
 

Esta mañana, la decisión de la Corte recibió cuestionamientos de los principales referentes del Frente de Todos, tanto a nivel nacional como provincial.
 

Uno de ellos fue Kicillof, quien definió al fallo como "una verdadera inmundicia" y consideró que representa un "atentado al federalismo, la democracia y la República".
 

También, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, criticó la medida cautelar y advirtió que, con esa medida, se le quitan "recursos a las provincias" para dárselos al distrito "más rico del país".
 

Cómo es el conflicto

El origen de la controversia data del 2016, cuando el entonces presidente Mauricio Macri firmó un decreto que aumentaba del 1,4% al 3,75% la participación correspondiente a CABA por la coparticipación federal. Luego, con otro decreto, el fundador del PRO modificó ese número y lo fijó en 3,5%.
 

La explicación de entonces del Gobierno de Cambiemos fue que el monto respondía al "Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas" en la ciudad.
 

De acuerdo con ese planteo, el distrito comandado por Horacio Rodríguez Larreta exigía 112 mil millones de pesos para una fuerza de 19 mil agentes, algo que contrasta con los 70 mil millones de pesos que recibe la Policía Federal para sus 32 mil efectivos.
 

En 2020, ya durante el Gobierno de Alberto Fernández, se redujo ese porcentaje y se sancionó una ley en el Congreso para fijar el monto que debía pagarse a la Ciudad.
 

"En la actualidad, según la ley 27.606 vigente y aprobada por el Congreso Nacional la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016", recordó el Gobierno en el documento firmado hoy.
 

El máximo tribunal -si bien no resolvió la cuestión de fondo- avaló la medida cautelar pedida por el Gobierno porteño, que en términos prácticos hará que los pagos de ese 2,95% deban ser realizados "en forma diaria y automática" por el Banco de la Nación Argentina y quede suspendida la ley 27.606 que le otorgaba 2,32%.
 

El comunicado completo

En la actualidad, según la ley 27.606 vigente y aprobada por el Congreso Nacional en el año 2020, la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016.

En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe.

Sostiene también que, de manera insólita, que transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas. Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación.

En síntesis, en un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA.

Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad.

Ante ello, el presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a RECUSAR A LOS MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA y a presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada.

Por su parte, los gobernadores y gobernadoras de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, al verse afectadas las mismas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha medida cautelar y para que soliciten la revocación “in extremis” de la misma.

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