El pago del SAC en cuotas definido para trabajadores estatales y provinciales como también para privados que accederán a esa alternativa en ejercicio de fuerza mayor, sigue generando rechazos en tiempos de Covid 19. 

Esta vez fue la CTA de los Trabajadores, desde donde su líder Hugo Yasky aseguró que fraccionar el pago del aguinaldo al sector público, "es un avance inadmisible sobre un derecho histórico de quienes viven de su trabajo y no del ajeno". Así lo reseñó el dirigente de extracción docente y buen diálogo con la Casa Rosada a BAE Negocios.

No fue la única repercusión sindical que tuvo la medida, a las ya expresadas por UPCN y ATE, como también los pedidos de empresarios privados que en clamor de "rescate" bajo pandemia se aprecian por estas horas. 

En efecto, el vicepresidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, dijo que las pymes necesitan un Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que contemple el SAC y "un rescate financiero" por parte del Estado, porque no tienen recursos para afrontar los costos ante la caída de ingresos por la cuarentena. El presidente Alberto Fernández ya sostuvo que el SAC no tendrá ATP.

En tanto la CTA de Yasky, una central con predicamento en cuanto a trabajadores del Estado reseñó que "es creciente pérdida del poder adquisitivo de los salarios estatales, ya depreciados y ajustados salvajemente durante los cuatro años del macrismo". Yasky informó que ese núcleo sindical pidió con carácter de urgente, una audiencia con el ministro Claudio Moroni, a fin de reclamar que no se fraccione el pago del SAC.

También el Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (Secasfpi), que lidera Carlos Ortega, le expresó a este medio que "la medida implica un grave perjuicio económico para el sector público nacional".

Con la misma tónica la Asociación Bancaria (AB) que lidera Sergio Palazzo rechazó el pago en cuotas del SAC, reclamó que "se deje sin efecto" el decreto que así lo dispuso, se opuso a "la suspensión de la movilidad jubilatoria que el anterior gobierno convirtió en regresiva" y exigió una reforma impositiva "progresiva".

El Gobierno oficializó la decisión de abonar en cuotas el medio aguinaldo de junio a los empleados públicos nacionales cuyo SAC supere los 40 mil pesos brutos, en el contexto de las restricciones fiscales impuestas por el coronavirus.

El laboralista Luis Roa, secretario académico de Relaciones del Trabajo (UBA) le explicó a este medio que aún la coyuntura de emergencia sanitaria no ejerce caducidad al principio de que todo debe concretarse dentro de las normas.

Según el letrado no existen razones para incumplir el pago del medio SAC, "mucho más en momentos en que gran parte de los trabajadores están bajo aislamiento y ven mermados sus ingresos mensuales".

Roa incluso detalló casos, del sector privado donde empleadores pretenden un "pago proporcional del SAC, donde se acreditaron salarios en los términos del articulo 223 bis de la LCT: la ley también es clara, deben pagar el 50% de la mejor remuneración mensual devengada en el semestre. La Ley de Contrato de Trabajo solo admite el pago proporcional frente a la extinción de los vínculos laborales, y este no es el caso".

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