El proyecto para pagar la deuda con el FMI con fondos fugados podría tener cambios luego de que especialistas reclamaran algunas reformas durante la audiencia de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado. 

Tanto por parte del oficialismo como de la oposición, especialistas en derecho, economía y política fiscal hicieron sus exposiciones, al igual que los distintos legisladores. 

La senadora del Frente de Todos bonaerense, Juliana Di Tullio, advirtió que el proyecto apunta a no ser "una excusa para el blanqueo de dinero por la comisión de delitos aberrantes", sino a cobrar una tasa sobre los bienes fugados al exterior. 

Ante la polémica con la oposición, su par neuquino Oscar Parrilli adelantó: "Vamos a aclarar en el texto expresamente que la única actividad ilícita que exime la ley es en la cuestión penal tributaria y de evasión fiscal. Siguen afuera (sin eximición) el lavado de dinero, el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, el terrorismo y demás".

 

Este miércoles está prevista una reunión para las 14, en la que se podrían implementar estas modificaciones, según mencionó Parrilli. Estará esclarecido también que el colaborador debe "dar información que sea veraz, confiable, contundente y sincera" y que la denuncia se hará en la oficina que se creará especialmente, dependiente del Ministerio de Justicia y no de la AFIP. 

En ese sentido, aclaró que la información falsa brindada por un colaborador será considerada delito, que el monto mínimo a denunciar es de 500 mil dólares y que se exime de ser denunciantes a abogados, escribanos y contadores.

Declaraciones de especialistas

Por su parte, la exasesora fiscal del Ministerio de Hacienda y recientemente designada miembro del Consejo de la Magistratura, Jimena de la Torre, consideró que "no tiene importancia el nombre que le pongan" al proyecto, porque "es un impuesto; tiene una base imponible, un sujeto pasivo y un sujeto activo". 

Sin embargo, remarcó que "lo más preocupante es que estamos convirtiendo al Estado Nacional en un vehículo para el lavado de activos". "El origen de los fondos es fundamental. Este proyecto dice que no lo vamos a revisar", alertó. 

"El Gobierno actual hizo una reestructuración que debió haber sido más agresiva porque en el mejor de los casos pospusimos el pago de la deuda para mediados de los años 20", indicó el doctor en Ciencias Sociales Pablo Manzanelli y recordó que el endeudamiento durante el macrismo fue "el más elevado desde 1976". 

 

Por otro lado, el contador público y especialista en finanzas Andrés Edelstein se inclinó por definir al proyecto como un blanqueo y consideró que no era oportuno, ya que hace que el "contribuyente cumplidor siga pagando impuestos". 

"Enfrentar el tema de la fuga de capitales en orden a atender al arreglo de la deuda externa es una norma que las provincias deben valorar porque liberan la carga del conjunto de las riquezas que no gozan de ningún beneficio y están expuestas como garantía del repago de la deuda", aseveró el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, quien destacó la herramienta de la figura del sujeto colaborador, para brindarle información al estado sobre dónde está el dinero fugado al exterior. 

"Hay que hacer una diferencia importante: el arrepentido negocia su libertad personal otorgando información sobre el delito cometido y sus autores. Acá no se trata de que pueda eludir una situación de su libertad individual. Es un sujeto al que se lo beneficia", enfatizó.

FMI