Envuelto en internas, el Gobierno confirmó el bono para jubilaciones y las AUH

Mientras que el Gobierno certificó la inminencia de un bono extraordinario para los jubilados y pensionados, cuya trama están delineando el ministerio de Economía y la Anses, la posibilidad de que ese adicional "por única vez" se extienda a trabajadores privados y estatales dejó al descubierto una serie de episodios que expusieron la interna del oficialismo.

A punto tal que la recorrida por fuentes oficiales, gremiales y analistas económicas que realizó BAE Negocios sobre el particular ofreció datos de realce. "Hasta el martes estaba definido que el bono era para todos", dijo una fuente. 

Si bien la oposición al bono estuvo representada en Martín Guzmán, Matías Kulfas y Claudio Moroni, al mismo tiempo se aceptaba que otorgar ese beneficio -en amplio espectro- bajo la presión del incremento sostenido de precios "es una decisión netamente política", es decir que supera a dichos funcionarios.

Sin esclarecer qué sucedió el martes, en la Casa Rosada deslizaron que "los propios sindicatos del sector privado no ven con agrado al bono, por razones de 'pérdida de protagonismo paritario' en un escenario diferente al de fines de 2019" cuando el Gobierno decretó el aumento de los $4.000.

Sector público

En cuanto a los estatales, otra fuente oficial remarcó que no se había recibido un solo pedido de bono, más allá de alguna declaración periodística de sindicalistas con potestad en la administración pública "para un refuerzo paritario".

En el descrito mosaico resaltó por otro lado que algunas organizaciones sindicales ponderaron el ímpetu de la Anses, a cargo de Fernanda Raverta, para concretar el adicional. La premisa desnuda una vez más al ala afín al Presidente -donde se alineó la CGT- enfrentada al sector kirchnerista, que se aferran a que "las cuentas tienen que cerrar con la gente adentro".

Lo verifica que mientras el martes el ministro Moroni defendía en diálogo con Radio El Destape la estrategia paritaria, con neto respaldo presidencial para sus dichos, en el ala K lo apuntaban con dardos a cielo abierto.

Al anunciar que habrá bono para jubilados y pensionados, como anticipo BAE Negocios, el Gobierno ofreció la estimación del costo fiscal para activar dicho pago. Con una mensura del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) precisaron que un eventual bono de $10.000 a jubilados, $7.000 para beneficiarios de las AUH y el ya anunciado de $6.000 para quienes acceden al Plan Potenciar Trabajo sumando la actualización del 50% de la Tarjeta Alimentar hasta diciembre, totalizaría $138.000 millones, equivalentes al 0,18% de Producto Bruto Interno (PBI).

Cuestiones de necesidad

Cecilia González Bonorino, economista ( UBA) e investigadora de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), ante la consulta de este diario precisó por un lado que concretar un bono que además de los jubilados incluya a los trabajadores y trabajadoras del sector privado, estatal y provincial "es una medida necesaria".

Enfatizó que los datos ofrecen una inflación que en el caso de los productos de la canasta básica "netamente alimenticios" ofrecen registros que superan al mismo porcentaje del incremento sostenido de precios que por ejemplo tuvo febrero.

"De allí que son necesarias algunas medidas para contener este proceso", dijo González Bonorino para relativizar el impacto fiscal que pueda determinar el pago del bono en las cuentas nacionales e incluso abarcando los efectos en la economía de la guerra entre Ucrania y Rusia, "un factor que el FMI no puede dejar de considerar".