Diputados estiró una semana más el debate de la Ley de Humedales, en medio de un fuerte lobby del sector del agro para frenar el tratamiento del proyecto. Aunque el oficialismo tenía previsto dictaminar este jueves, resolvió dejar la firma del dictamen para la próxima semana, con la esperanza de acercar posiciones con un sector de Juntos por el Cambio. 

Los legisladores del Frente de Todos escucharon en persona el día anterior a representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y entidades de la cadena agroindustria, quienes plantearon diferentes cuestionamientos al texto del diputado oficialista y titular de la comisión de Recursos Naturales, Leonardo Grosso, que tiene el aval de más de 500 organizaciones socioambientales. 

La Federación Agraria y Confederaciones Rurarles fueron otros de los que expresaron por escrito su malestar ante la decisión de los diputados de avanzar con la Ley de Humedales. El enojo estaba dirigido al bloque oficialista, pero también a una parte de Juntos por el Cambio, específicamente a quienes tienen intenciones de negociar con el Frente de Todos. 

Al igual que la alianza opositora, la bancada oficialista, que conduce Germán Martínez, está atravesada por diferentes miradas sobre el tema, aún así logró cerrar filas puertas adentro antes de llegar al plenario. "Nos pusimos todos de acuerdo entre nosotros para luego negociar con los demás", dijo a este diario un diputado del Frente de Todos, que se mostró algo dubitativo respecto a que ese consenso se mantenga durante la votación en el recinto. 

Las conversaciones están más que avanzadas con los legisladores del interbloque Federal, en especial con Graciela Camaño y Enrique Estévez; los integrantes de Provincias Unidas y los cuatro diputados de izquierda. Sin embargo, todavía resta limar algunas diferencias. En el oficialismo aseguran que están dispuestos a realizar modificaciones al texto, siempre que no se alteren los principales pilares de la iniciativa.

En la reunión del plenario de las comisiones de Recursos Naturales; de Presupuesto y Hacienda; y de Agricultura y Ganadería quedaron a la vista las coincidencias entre esos sectores políticos en torno al proyecto de Grosso. Por el contrario, los desacuerdos al interior de Juntos por el Cambio impidieron alcanzar algún tipo de consenso con el Frente de Todos. Sin embargo, en el radicalismo son optimistas ante la posibilidad de llegar al recinto con un solo dictamen.

Como un primer paso, Grosso accedió a posponer por una semana la firma del dictamen, pero se negó al pedido del presidente de la comisión de Agricultura, Ricardo Buryaile, para que se realicen nuevas reuniones en las que expongan referentes vinculados al agroganadero. 

Más allá de la postura del Frente de Todos, ni Camaño ni Estevez -visiblemente disgustados por la postergación de la firma del dictamen- estaban dispuestos a seguir extendiendo el debate durante mucho más tiempo, conscientes de que el lobby de los sectores minero, inmobiliario y agroganadero será cada vez mayor. 

Tras las intervenciones de los diez legisladores que impulsan proyectos para proteger los más de 600.000 km de humedales que hay en la Argentina, el titular de la comisión de Recursos Naturales anunció que finalmente se dictaminará el jueves 29 de septiembre y que en los próximos días los bloques tendrán la oportunidad de acercar "modificaciones concretas"

"Hoy estamos tres comisiones trabajando, creo que con la voluntad de todos los diputados se podrá avanzar. Tenemos una responsabilidad que supera lo discursivo frente a un tema trascendente”, dijo Buryaile.

Ximena García, de la UCR, aseguró que el proyecto que presentó "es equilibrado y contempla la visión productiva y ambiental" y remarcó que es preciso que "el Inventario nacional de humedales" debe ser "coordinado por una autoridad nacional en conjunto con las provincias”.

Juntos por el Cambio está lejos de saldar la discusión internamente. De las tres iniciativas que presentaron, la de García es la que cuenta con más apoyo dentro de la coalición opositora. No obstante, el sector más "duro" sostiene que no es necesario aprobar una ley, sino que el Poder Ejecutivo nacional "tiene que dar respuestas con las leyes existentes". 

Mientras en las calles aledañas al Congreso se manifestaban cientos de integrantes de organizaciones socioambientales, Grosso recordó a los diputados que "este año se registraron al menos 16 mil quinientos focos de calor en la zona del Delta" y que "se incendiaron 300 mil hectáreas, convirtiendo el 2022 en el segundo peor año en cantidad de incendios desde que comenzaron los registros, en 2010”. Y subrayó que "en Argentina hemos destruido el 56% de los humedales de América Latina". 

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Gabriela Vulcano

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