La decisión del Presidente Alberto Fernández de suspender su agenda diaria para viajar a Jujuy donde visitó a la dirigente social y líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, internada en esa provincia tras padecer una trombosis venosa profunda, puso en el candelero las denuncias por abusos de poder ejercidos en su contra por parte de la justicia jujeña y del poder político del distrito que comanda Gerardo Morales.

Al mismo tiempo, la decisión del mandatario de visitar a la dirigente social en el centro de internación en el que se encuentra, puso un manto de sosiego a la durísima interna por la que atraviesa al Frente de Todos, desde donde recibió de parte de la dirigencia alineada con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, muestras de valoración por el gesto.

Si bien Alberto logró capitalizar a su favor el viaje, también recibió pedidos para que se ponga al hombre la tarea de ponerle fin al "hostigamiento político y judicial" -tal como lo definiera el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla-, a los que encuentra sometida la referente social de extracción indígena.

Para el caso, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "el Cuervo" Larroque, uno de los dirigentes más críticos hacia las políticas del Gobierno, en un escueto mensaje subido a su cuenta de Twitter, que fue acompañado por una foto en que se observa al jefe de Estado en el Sanatorio, junto a la cama de Milagro, expresó: “Muy bien Alberto Fernández".

Menos diplomático, el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, le reclamó al Presidente que indulté a Sala: "Es hora de pasar de las palabras a los hechos. La única alternativa que hay es el indulto", señaló el dirigente social.

"Cuando decimos que Milagro Sala es una presa política, hay que dar una respuesta política", aseguró Grabois sobre la situación judicial de la líder de la Tupac Amaru, al tiempo que afirmó que si Fernández "está convencido, que ponga las pelotas arriba de la mesa y se la juegue por algo".

Grabois también cuestionó al poder judicial de Jujuy, al sostener que todos sus integrantes "salieron de la cámara de diputados, como diputados de Morales; caminaron unos metros y se pusieron los trajes de jueces" y advirtió que en esa provincia norteña, existe "un pacto de poder evidente" que avala "la persecución" de Sala y "acompaña la persecución de compañeros y compañeras que no se someten".

En tanto que el diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, quién también suele tener una mirada crítica hacia las políticas del Ejecutivo nacional, le agradeció al mandatario "el gesto solidario hacia Milagro Sala que además constituye una denuncia del encarnizamiento del gobernador Gerardo Morales contra nuestra compañera".

Desde las redes sociales, Yaský instó a seguir reclamando "ayer como hoy" por la libertad de la referente social.

Esta mañana y tras permanecer por espacio de una hora junto a Sala en la unidad coronaria en que se encuentra internada, el Presidente Alberto Fernández señaló en conferencia de prensa, que en Jujuy "se ha instaurado un sistema de clara persecución" contra la líder de la Tupac Amaru.

En esa dirección, aseguró que "prolongar detenciones preventivas es una forma de violar los derechos humanos" y le pidió a la Corte Suprema "que impriman urgencia al tratamiento de la sentencia que les llegó por vía de queja y que descansa en algún lugar de la Corte, y que, por favor, resuelva".

Vale recordar que Milagro, quién en la actualidad cursa una prisión domiciliaria, fue detenida el 16 de enero de del 2016 y, desde ese momento, se multiplicaron los pedidos de distintas organizaciones por su libertad.

Un año y medio después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que Sala permanecía detenida en condiciones incompatibles con su dignidad humana y que el método o manera de ejecución de la medida privativa de libertad la estaba sometiendo a angustia o dificultades mayores al sufrimiento intrínseco a toda detención, y dictó una medida provisional en ese sentido.

Pese a esa resolución y según lo denunciara su abogado defensor, Marcos Aldazabal, los tribunales jujeños "siguen armando causas nuevas, no solo contra ella, sino también contra sus hijos, su marido y personas allegadas".

El letrado indicó, además, que Sala "se encuentra con prisión preventiva desde hace siete años, lo cual excede en cinco años el plazo máximo legal establecido" y agregó que, por otro lado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación "tiene desde hace dos años y medio", pendiente de resolución la causa principal en su contra, conocida como Pibes Villeros.
 

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Horacio Aranda Gamboa

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