La diferenciación que la precandidata de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal realizó respecto al consumo de marihuana en los diferentes sectores sociales ya existe en el accionar de las fuerzas de seguridad. De acuerdo a un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la mayoría de las detenciones en la Ciudad de Buenos Aires por uso de esta sustancia se produce en las zonas donde se registran los índices de pobreza más altos.

“Hay dos realidades muy distintas: una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo, y otra cosa es vivir en la 21-24, en Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro, sin oportunidades, sin ir a la escuela o habiéndola dejado”, dijo la ex gobernadora bonaerense en una entrevista al portal Filo News para justificar su postura contraria a la legalización del consumo de cannabis con fines recreativos.

Las críticas no tardaron en llegar, en especial por parte del actual mandatario de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que manifestó que se trata de “un pensamiento tremendamente discriminador”. “Sus dichos dan cuenta desde dónde habla Vidal hoy. Lo hace desde el barrio de Palermo, en CABA, pero hasta hace poco tiempo lo hacía en otros lugares, en la provincia de Buenos Aires", señaló la subsecretaria de la gestión de la información del Ministerio de Salud bonaerense, Leticia Ceriani,en declaraciones a la radio AM750.

La distinción que esgrimió Vidal, en la que deja entrever que estaría a favor del uso de marihuana con fines recreativos para quienes viven en los barrios predominantemente de clase media y alta pero no así para los que son parte de los sectores populares, se cristaliza  en los procedimientos que llevan adelante las fuerzas de seguridad. Según un informe del CELS de mayo de 2021, “las estadísticas demuestran que la política criminal que implementa el Ministerio de Seguridad porteño apunta a perseguir a les consumidores. Y no a cualquier consumidor; sino a les pobres y a les migrantes”.

“Al analizar la cantidad de detenciones por consumo que se realizan en cada comuna porteña, queda en evidencia un claro sesgo de clase: hay personas para quienes el consumo está despenalizado ‘de hecho’ y personas que si consumen están cometiendo un delito”, remarcan desde el organismo de derechos humanos.

Y especifican que uno de cada cuatro consumidores de cannabis es detenido por las fuerzas de seguridad en la zona del barrio de Retiro y la Villa 31; y más de tres cuartas partes de las detenciones se concentran entre esa comuna y la 4 (Barracas-Pompeya, Villa 21-24 y Zavaleta), la 8 (Lugano, Villa 20 y otras) y la 3 (Balvanera, Plaza Once, Abasto).

“La justicia de la Ciudad archivó el 91% (18160) del total (20016) de los casos penales que fueron iniciados por delitos menores de drogas entre octubre de 2019 y agosto de 2020. Es decir que la policía dedica esfuerzos en detenciones que el sistema judicial desestima: sólo en un 6,5% de los casos la justicia inició una investigación”, agrega el informe.

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