El camino para que la reducción de la jornada laboral sea ley se inició desde la órbita sindical, impulsada por los legisladores de tal origen. Pandemia mediante, y en la misma saga que temas como el teletrabajo o nuevos empleos, se encuentra a sindicalistas pugnando por ampliar derechos versus empresarios parapetados en la reducción del costo laboral.

Existen dos proyectos con estado parlamentario, uno remite a 6 horas diarias y 36 semanales y el otro apunta a 4 jornadas semanales de labor.

Los y las "dipusindicales" consideran relevante que la futura ley tenga en cuenta las características de cada sector para su aplicación, sus formatos de producción, servicio u otros. Léase las diferencias de aplicación en la gastronomía, turismo, industrias, entidades financieras y otros, según resaltaron.

Claudia Ormachea, dirigente de la Asociación Bancaria (AB) y diputada (FdT), autora de la iniciativa por 6 horas le aseguró a BAE Negocios: "No tengo dudas que será ley. Lo relevante, como en toda norma laboral, es que su contenido y alcances sean puntuales. Suele ocurrir que, con lo dicho a medias, el empleador lo aprovecha para sí".

Ormachea destacó a sus compañeros de bancada de origen sindical desde la génesis hasta la promulgación de la Ley de Teletrabajo. En ese núcleo la resolución de la cartera laboral sobre dicha ley terminó derivando en que el home office, no fuese considerado como teletrabajo. De ahí que los dichos positivos del ministro Claudio Moroni por la reducción horaria, guardan reparos sindicales.

La diputada advirtió en relación a la reducción horaria que "no todos los sindicatos tienen la misma potencia, para los más pequeños o más afectados por la pandemia incluso, la mesa de discusión con los empleadores siempre está inclinada a favor de estos últimos".

Sincronizan con empatía

La legisladora oficialista también destacó el proyecto de su par Hugo Yasky que promueve una semana laboral de 4 días para ensamblarlo con el suyo y consideró fundamental la "multiplicidad del debate que enriquezca la futura disposición". Ormachea evaluó incluso la posibilidad de que el trabajador pueda optar por uno de las variantes, 6 horas, 36 semanales o 4 días sería lo más aconsejable en cuanto a la diversidad de sectores. "Un proyecto no se opone al otro", aclaró.

Además consideró necesario que el empresariado deje de lado una mirada "economicista", donde priva el "costo laboral y la productividad", porque el eventual esparcimiento que derivará de la reducción de la jornada laboral redundará en el mercado interno, por consumo y también por mejor predisposición para el trabajo.

No es informalidad

 

Cecilia Anigstein, investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento-Instituto de Desarrollo Económico (UNGS-IDES), realzó que "es una herramienta para promover una redistribución equitativa entre géneros de la carga reproductiva, no remunerada, en los hogares y comunidades".

"Mejora la calidad de vida, favorece la formación y el aprendizaje permanente a lo largo de la vida, dinamiza el ejercicio de la ciudadanía, las prácticas de consumo sustentable y comunitarias", sostuvo.

En cuanto a riesgos y "errores forzados" Anigstein remarcó que dicha merma horaria no debe implicar una reducción en los ingresos de los hogares. "La inserción sociolaboral de jóvenes o mujeres en puestos de trabajo a tiempo parcial, muchas veces en condiciones precarias o informales, es parte del problema, no de la solución".

La investigadora, doctora en Sociología, enfatizó perfiles al remarcar "no estoy de acuerdo con la propuesta de renta básica universal a la europea, pero sí con un salario universal para todos los trabajadores con ingresos por debajo de la canasta básica".

Esta condición que destacó implica que el mismo debe estar "atado al salario mínimo y que garantice ingresos necesarios para no caer por debajo de la línea de pobreza".

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