Los senadores y diputados del Frente de Todos solicitaron una reunión al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, para reclamarle que termine de completar la integración del Consejo de la Magistratura, en medio del escándalo de los chats de jueces federales, empresarios de medios y un funcionario porteño. 

En línea con el planteo de Cristina Kirchner, los legisladores cuestionaron al Poder Judicial durante una conferencia de prensa en el Salón de Pasos Perdidos, pasadas las 11. Las senadoras Juliana Di Tullio y Lucía Corpacci se focalizaron en la causa judicial de Vialidad, en la que la vicepresidenta fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos. "No existe más el Poder Judicial, se ha reemplazado por una verdadera mafia", apuntó la presidenta del bloque de Unidad Ciudadana, quien se encargó de leer algunos de los mensajes que se intercambiaron a través de Telegram los magistrados que viajaron al Lago Escondido y de paso aclaró que “el peronismo nunca va a ser mascota del poder".

En relación a ese tema, el jefe de la bancada de diputados oficialista, Germán Martínez, -al igual que la legisladora Vanesa Siley- se encargó de brindar detalles del escrito que le presentaron a Rosatti para que el Consejo de la Magistratura pueda tratar con premura la situación de los jueces federales que volaron en un avión privado a la estancia del magnate estadounidense Joe Lewis -supuestamente invitados por el Grupo Clarín- y que en pos de ocultar ese encuentro habrían presentado facturas apócrifas.

"Si la Corte y su presidente ha tenido un rol fundamental en el proceso de paralización del Consejo de la Magistratura, ahora también le cabe arbitrar los medios para que funcione de acuerdo con lo que dice la Constitución Nacional", planteó el diputado santafecino en alusión a Rosatti, que hace unos meses asumió como presidente del organismo que nombra y remueve magistrados. Y agregó: "Hoy presentamos una nota al presidente de la Corte donde solicitamos una audiencia urgente para que arbitre los medios necesarios para completar la conformación del Consejo de la Magistratura".

Hasta el momento, lo único que falta para que el Consejo comience a funcionar con normalidad es la jura de los ocho representantes del Congreso. En el caso del Senado, el Alto Tribunal había cuestionado la designación del oficialista Martín Doñate para el período anterior, sin embargo el interbloque del Frente de Todos volvió a nombrar al rionegrino para ocupar una silla en el organismo entre 2022 y 2026. En un hecho poco habitual, se sometió al pleno esa designación, la cual fue aprobada por unanimidad, sin la presencia de Juntos por el Cambio en el recinto.   

En Diputados, la semana pasada, la titular de esa cámara, Cecilia Moreau, suspendió la resolución en la que había designado a los oficialistas Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade y a los opositores Álvaro González (PRO) y Roxana Reyes (UCR), luego de que la Justicia anuló el nombramiento de la diputada radical. Esta decisión provocó el enojo de la principal fuerza opositora, que decidió no votar la reelección de la dirigente del Frente Renovador. 

"Ante los hechos de los que se tomaron conocimiento público en los últimos días vinculados al viaje a Lago Escondido realizado en octubre pasado en el que participaron jueces, fiscales, empresarios de medios, servicios de inteligencia y funcionarios del Ministerio de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, y en función de la absoluta paralización del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, solicitamos con urgencia a los fines de exigirle que arbitre los medios necesarios para la completa conformación del organismo, conforme a lo expresado por nuestra Constitución Nacional", señala la misiva que los legisladores del Frente de Todos le enviaron a Rosatti.

El reclamo de los senadores y diputados oficialistas se da el mismo día en que el ministro de Justicia, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche contra los jueces, fiscales y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, por el presunto delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas". Los funcionarios judiciales denunciados son el juez federal Julián Ercolini; el camarista de Casación Carlos Mahiques; el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials; el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; y el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola.

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