El 16 de agosto pasado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) emitió la Resolución General (RG) N°5248, instaurando un anticipo del impuesto a las ganancias adicional a los diez que se deben ingresar en el período siguiente al cierre de ejercicio, con implicancias materiales sobre todas las Sociedades.

Los considerandos de la norma expresan, con prístina claridad, la impericia del gobierno en la creación de una política económica que proteja al país de los males que allí se invocan, en un alegato de su propia torpeza (1)o culpa, que llega al paroxismo.  

Los hechos bélicos que, por el momento, tienen lugar en Europa y en apariencia benefician a algunos sectores (alimentos y energía), en desmedro de una justa distribución de ingresos, pretende ser resuelta con una extraña y malsana metodología de administración tributaria.

Sobre la norma

La RG prevé que las Sociedades (o las sucursales de empresas extranjeras) estarán obligadas al ingreso de un anticipo adicional extraordinario, en tanto se den algunos de los siguientes supuestos:

  • el monto del impuesto determinado de la declaración jurada correspondiente al período fiscal 2021 o 2022 (de acuerdo al cierre de ejercicio), sea igual o superior a $ 100.000.000 (Pesos Cien Millones), o

  • el resultado impositivo de la declaración jurada del punto precedente, sin deducción alguna de los quebrantos impositivos de ejercicios anteriores, sea igual o superior a $ 300.000.000 (Pesos Trescientos Millones).

Aquellas empresas que se encuadran en el primer supuesto, deberán ingresar un adelanto del 25% adicional, y del 15% las que se encuentren en el segundo.

La obligación, será computable de acuerdo al momento de cierre del ejercicio. Si finaliza entre los meses de agosto y diciembre de 2021, se imputará en el 2022 y, para aquellos que lo hagan entre enero y julio de 2022, será en el 2023.

Como corolario, los sujetos alcanzados por esta norma, no podrán dar por pagado el nuevo “¿impuesto?” (2)con saldos a favor retenidos en la AFIP.

Horrores conceptuales

La Ley del Impuesto a las Ganancias tiene previsto un mecanismo de deducción de los quebrantos, precisamente, para que la capacidad contributiva de los sujetos se refleje de manera fiel, salvaguardando la posibilidad de saldos positivos recurrentes.

Pero ahora, esto ha cambiado. Se introduce una “capacidad contributiva potencial”, que se verificará en la liquidación futura del impuesto. Entendiendo así que los contribuyentes tendrán un saldo a favor irremediable, en tanto existan importantes quebrantos susceptibles de ser sustraídos de la base del impuesto. Un disloque, pues (por efecto de la inflación) se licuarán los saldos a favor.

Por otro lado, aquellos contribuyentes acreedores del fisco no podrán cancelar la obligación con fondos de libre disponibilidad (3). Medida absolutamente arbitraria, en tanto anula el “instituto de la compensación" (4).

El cambio de metodología en el cálculo de los anticipos, a esta altura del año, implica una alteración insoslayable en la planificación de los “flujos de fondos” de las empresas que, sumado a un sostenido crecimiento de la tasa de interés, hace prever una dificultosa administración de la “cuenta caja”.

Ahora bien, también hay “horrores” conceptuales respecto de la definición de “Rentas Extraordinarias” (RE), en tanto éstas:

Se configuran en beneficios redundantes, generados en el mercado, independientemente del trabajo humano incorporado, y que se obtienen a partir de ejercer la exclusividad de explotación de algún recurso natural; mientras que la ganancia es la retribución al factor empresario.

Complementariamente, se edifica una idea errónea: se opta por considerar que el Poder Ejecutivo utilizará de forma más eficiente los “fondos plus” que como lo haría la “estirpe empresaria”.

En este marco, es dable resaltar que, tal como fuera señalado en “… el pago de...” - Parte II (BAE Negocios del 06-03-2022), las RE existentes en la Zona Núcleo de la Pampa Húmeda, deben utilizarse en una doble direccionalidad:

  • para honrar los compromisos de la deuda externa pública, y
  • facilitar la desalineación, a la baja, de los precios internos de los alimentos básicos, en relación a los internacionales  (5).

Por lo ut supra señalado, esta Resolución General no es el instrumento adecuado para resolver la problemática que manifiesta. Como a la luz de la realidad, tampoco lo han sido los innumerables impuestos y aumentos de alícuotas creados en la actual administración gubernamental.

Contrario sensu, la propuesta sugerida es la que permite, ahora sí, que las Rentas Extraordinarias, con su difusión al interior del aparato productivo, vía mecanismos de mercado, sienten las bases definitivas de un Modelo de Desarrollo Económico Permanente y Sustentable (MoDEPyS), con orientación a la producción.

Lic. Guillermo Moreno y Dr. Gastón Bres

 

Agradecemos la colaboración de Marcos von Ifflinger

 

 

(1) - Nemo auditur propriam turpitudinem allegans voz latina utilizada en el Derecho que implica, que nadie puede alegar su propia torpeza o culpa

(2) - Los impuestos sólo pueden ser creados por ley.

(3)  Los Saldos de Libre Disponibilidad, son montos conformados a través de ingresos directos (anticipos, percepciones, retenciones, pagos a cuenta, etc.) que han superado la obligación que les dio origen, resultando en una acreencia del contribuyente contra el fisco, la cual puede ser utilizada para compensar deudas (de la misma especie o similares) con este último.

 (4) - El instituto de la compensación (Art. 27 ley 11.683 1er párrafo) refiere a que el contribuyente deduzca del impuesto determinado en un período fiscal, los anticipos y sumas pagadas a cuenta de este, las retenciones y percepciones sufridas, y los saldos a favor que no hayan sido utilizados ni impugnados.

(5) - El procedimiento sería el siguiente: una reforma en la ley de arrendamientos que implique inducir el precio del alquiler de la tierra a la baja, compensando al arrendador con un bono retributivo por el diferencial,  que contenga una tasa de interés similar al de las plazas más solventes del mercado financiero internacional, a un plazo de 25 años, transable en el mercado secundario, lo que permitirá un incremento de los Derechos de Exportación hasta el límite de lo que soporte los proyectos de inversión e implantación, para que, implementados de manera conjunta, no percuta la rentabilidad de los productores.

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