Nos encontramos presentando un informe sobre el incumplimiento de la obligación alimentaria en la provincia de Buenos Aires, que es producto de un extenso y exhaustivo proceso de investigación y elaboración, orientado especialmente a construir una hoja de ruta para la acción. El mismo se nutrió de estudios cuantitativos y cualitativos, de análisis de legislación comparada y, sobre todo, de la revisión de prácticas concretas en la materia. Más de 6.200 encuestas y 27 entrevistas en profundidad a 52 personas, actoras claves en la temática.

Los resultados indican que el 51,2% de las mujeres no percibe ningún tipo de aporte del progenitor de sus hijas e hijos. Del 41,2% que sí recibe dinero, un 15,3% lo hace de manera irregular. Es decir, dos tercios de las encuestadas (66,5%) no reciben la cuota alimentaria o solo la reciben eventualmente.

Solo el 10% considera que el aporte del progenitor es suficiente para cubrir todos los gastos y necesidades de niñas, niños y adolescentes. El relevamiento constata una realidad que no sorprende, pero que tampoco deja de consternarnos por su magnitud y su sistematicidad.

Sabemos que no es exclusivo de los padres bonaerenses no hacerse cargo, mayoritariamente, de las obligaciones alimentarias sino que es una regla que también podemos encontrar en el resto del país. Así lo demuestran estudios similares que se hicieron en La Pampa y en Catamarca, y los innumerables testimonios y reclamos que las mujeres realizan en diversos ámbitos para poder lograr cambiar esta realidad.

La cuestión del (in) cumplimiento de las obligaciones alimentarias tiene tres aspectos que el informe releva y nos interesa destacar:

1. Por un lado, la vulneración del derecho de las infancias y las juventudes a ser cuidadas, en todos los aspectos de su vida y su desarrollo, por sus progenitores.

2. Por otro lado, el impacto que la falta de aporte económico al sustento vital de las y los hijos tiene sobre la situación de pobreza, la falta de autonomía y la sobrecarga de tareas de cuidado, a las que principalmente las mujeres suelen hacer frente, en muchísimos casos, desde hogares monomarentales.

3. La obligación de recurrir a una demanda judicial, con las difi cultades sistemáticas de falta de acceso a la justicia como un factor que desprotege y muchas veces revictimiza. Siendo parte del problema y no de la solución necesaria frente a los incumplimientos.

Todos estos aspectos podemos leerlos desde la perspectiva de la violencia de género, tal cual establece la ley 26.485, en la modalidad de violencia económica patrimonial. A su vez, trae a la luz la vulneración de lo consagrado en la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes debido al abandono económico.

Un hecho gravísimo al que no podemos dejar de sumar los impactos afectivos, emocionales y en la socialización primaria, que no se abordan en el informe pero que no dejan de tener relevancia sustantiva. Esta investigación finaliza con más de treinta recomendaciones para la acción. Se proponen temáticas que deben abordarse desde los tres poderes del Estado y todas las jurisdicciones.

Los cuidados de las personas siguen siendo una responsabilidad que recae mayoritariamente en las mujeres y esto se traduce en brechas de desigualdad tanto económica como social

Muchas de estas acciones apuntan a lograr celeridad en la intervención judicial, a que las medidas de alimentos sean tomadas como parte de la acciones precautorias en violencia de género, a homogeneizar los procesos y disposiciones, a que el registro de deudores llegue a todas las jurisdicciones y sus efectos se apliquen efectivamente y con creatividad para que los deudores alimentarios no tengan excusas o pretextos.

Del resultado también se desprende que quienes tienen un trabajo formal, aunque insuficiente, cumplen más, por lo que es sumamente importante un contexto de desarrollo productivo y laboral que mejore los indicadores.

Hace falta impulsar cambios legislativos en la materia y construir intervenciones composicionales, prejudiciales. Pero, mientras tanto, se requiere promover la revisión de prácticas sociales y culturales que transformen los sentidos que naturalizan estas prácticas. Los cuidados de las personas siguen siendo una responsabilidad que recae mayoritariamente en las mujeres y esto se traduce en brechas de desigualdad tanto económica como social. Necesitamos asumir, cada vez más, que cuidar es también un tema de varones, tanto como que la reproducción cuidada de la vida es prioritaria para nuestras sociedades.

Supimos de un tiempo en donde se señaló como principio convivencial que los únicos privilegiados debían ser las niñas y los niños. Esta afirmación nos sigue convocando, y se actualiza, en la revisión de los estereotipos de género.

Apostamos a que este aspecto de la agenda de cuidados cobre visibilidad para producir cambios imprescindibles en las prácticas cotidianas. Porque cuidar a las infancias es una tarea de corresponsabilidad, entre los progenitores, el Estado, la sociedad y las comunidades.

Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires