El regreso al país de Sergio Massa tras la accidentada gira que compartió con Alberto Fernández por Europa y Asia no podría haber sido más amargo. Las dos bases sobre las que se asentaba la precaria pax financiera que el superministro supo conseguir desde agosto -y que le valieron el respaldo que el kirchnerismo siempre le retaceó a Martín Guzmán- volaron por el aire en su ausencia. Tanto el rebrote de la inflación en octubre como el respingo que pegó esta semana el dólar paralelo en todas sus versiones sacudieron una estantería que todavía no había terminado de acomodarse y que ahora volvió a temblar peligrosamente.

La intranquilidad de Massa se entrevé mejor en las conversaciones que mantienen en privado con empresarios sus dos escuderos más fieles, Lisandro Cleri y Guillermo Michel, que en las advertencias altisonantes con las que el viceministro Gabriel Rubinstein puso en guardia el martes a los socios del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Desgastado por sus propios vaivenes, Rubinstein quedó en el margen del círculo de toma de decisiones del ministro. Son Cleri y Michel quienes admiten a puertas cerradas que variables como el circulante, la tasa de interés y los dólares paralelos volvieron a niveles críticos. Son ellos también quienes negocian con las grandes cerealeras y acopiadores de granos la segunda edición del “dólar soja”, otro sapo que -dicen- deberá digerir Máximo Kirchner.

Las alarmas ya habían sonado a principios de mes, cuando el Banco Central empezó a perder reservas otra vez a un ritmo acelerado a caballo de los pagos de importaciones que Miguel Pesce había exigido financiar a seis meses exactamente un semestre atrás. La factura llegó con los permisos para importar ya restringidos al mínimo y forzó a Massa a apretar más el torniquete. La orden le llegó al secretario de Comercio, Matías Tombolini, y al subsecretario de Política y Gestión Comercial, Germán Cervantes, un economista de bajo perfil que el propio jefe renovador ordenó designar en esa silla estratégica.

Tombolini y Cervantes son los dos hombres que administran el recurso más escaso y preciado de la economía: los dólares al valor oficial. Los industriales que los necesitan para importar insumos y máquinas y mantener en funcionamiento sus fábricas se lo hicieron saber al ministro la semana pasada en la Conferencia Anual de la UIA, con tal urgencia que desde el escenario les prometió que los tendrían. Pero la canilla apenas gotea y los que insisten son citados para que exhiban individualmente las razones de su impaciencia. Por eso las miradas de las tribus internas del Frente de Todos empezaron a posarse en el edificio de Diagonal Sur y Alsina, donde ambos tienen despacho. Es demasiado poder junto, con todas las tentaciones que eso conlleva.

Sobre ese tema se cuchicheó el martes en un ágape de Misión Productiva, un think tank neodesarrollista donde abreva buena parte del equipo de asesores que supo acompañar a Matías Kulfas en su gestión al frente de la antigua sede de la Secretaría de Industria. Estuvo Paula Español, la primera de los cinco inquilinos que tuvo en lo que va del gobierno la silla que hoy ocupa Tombolini. También pasó media hora el ministro del Interior, Wado de Pedro, quien saludó por cortesía a Kulfas pero evitó quedarse a su lado siquiera un minuto. Ninguno de los dos quería esa foto. Por la oposición sorprendió la presencia de Facundo Manes, el neurólogo que mantiene en vilo al radicalismo con sus críticas a Mauricio Macri y sus tozudas exhibiciones de autonomía.

Diagnóstico y tratamiento

Manes empezó a preparar planes de gobierno con otro médico, el extitular del PAMI Carlos Regazzoni, quien abandonó la gestión de Macri  en 2017 por supuestos desacuerdos con su rumbo económico general pero que también pulseó en duros términos con Mario Quintana por razones mucho más concretas. Específicamente por los siempre jugosos contratos de compra de medicamentos para la obra social de los jubilados, un tema donde el fundador de Farmacity tenía intereses particulares.

Hijo del célebre artista homónimo, Regazzoni suele explayarse ante quienes lo consultan con un discurso casi opuesto al antiestatismo que campea en Juntos por el Cambio, con matices cada vez más difusos entre halcones y palomas. Se define como “neodesarrollista” y recomienda leer a Fernando Henrique Cardoso, Luiz Carlos Bresser Pereira, Ha-Joon Chang y hasta a Celso Furtado, Thomas Piketty y Jamie Galbraith, abiertamente críticos del capitalismo.

No obstante, a la vez, la dupla de galenos procura dialogar con las demandas que canaliza la ultraderecha. “(Javier) Milei acertó en el concepto de ‘casta’ y en que el ajuste lo tiene que hacer la política. El problema es el tratamiento que propone, que puede matar al paciente”, le dijo Regazzoni a BAE Negocios. “Lo que no va más es seguir fingiendo. Hoy hacemos de cuenta que tenemos centros de salud, hacemos de cuenta que les garpamos a los profesionales de la salud, ellos hacen que laburan y todo termina en un curro y en la decepción de la sociedad”, abundó.

Es un debate que problematiza lo que Macri considera un hecho: que la sociedad giró a la derecha y que ahora no solo busca un cauce para el antikirchnerismo sino también un instrumento político-electoral para “un cambio profundo no solamente de estilos, sino de formas de organizar la sociedad”, como le dijo el lunes a Joaquín Morales Solá. Un verdadero reseteo económico que, para él y para Milei (y últimamente también para Horacio Rodríguez Larreta, siempre sujeto a los vaivenes de encuestas y focus groups), solo podría ejecutarse mediante el cierre de empresas públicas, el despido masivo de empleados estatales, la restricción de los programas de asistencia social y la eliminación de ciertos derechos laborales que a su juicio entorpecen la creación de empleo.

Tejer (y crear) consensos

 

Son las ideas con las que Patricia Bullrich empezó a sondear a sindicalistas del peronismo, que aceptan reunirse con ella y con sus emisarios con la condición de que sea en estricto secreto. La primera cita importante que consiguió fue con el histórico líder de la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos y exdiputado nacional por el peronismo, Antonio “Coco” Cassia, con tan mala suerte que Cassia falleció pocos días después. Pero no fue la única. Bullrich suele hablar por teléfono con el exintendente de Quilmes Francisco “Barba” Gutiérrez y a través suyo quiere llegar a tejer con el kirchnerista Abel Furlan la interlocución directa que supo tener con Antonio Caló cuando era ministra de Trabajo de la Alianza. Quien visitó a Furlan y a Gutiérrez con el recado fue el exministro de Macri, Dante Sica.

Horacio Pitrau, un penalista que defendió en su momento a personajes vidriosos como Sergio Schocklender y que fue viceministro de Jorge Triaca, también procura acercarle a Bullrich referentes del sindicalismo. Ya la reunió con autoridades de las 62 Organizaciones Peronistas, que buscan reunificarse tras la diáspora del veneguismo, y con el secretario general de uno de los gremios ferroviarios. Su tercer armador es Daniel Barberis, impulsor de las “Juntas Promotoras Mesa Sindical Soberana ‘Bullrich presidenta’”.

Lo que está por verse es si el consenso social para el ajuste que dan por sentado Macri y Bullrich existe realmente o si en realidad se trata de un deseo suyo proyectado sobre una población desencantada con los resultados económicos del Frente de Todos pero desorientada respecto del rumbo a seguir. En otros términos: si al margen de la indiscutible emergencia de una derecha extrema con un 15 o 20% de apoyos, un fenómeno global que sintoniza con la crisis post-pandemia y el riesgo permanente de una escalada de la guerra, existe un nuevo mandato mayoritario como el que Macri asegura que respalda sus ambiciones de hacer “lo mismo pero más rápido” en su eventual segundo tiempo en la Casa Rosada.

El politólogo Luis Costa, que releva anualmente la opinión pública sobre el Estado en siete países latinoamericanos, sostiene que ese giro a la derecha o a posiciones anti-intervencionistas no se percibe en ninguno de ellos y tampoco en Argentina. Sus últimos números, de hecho, lo desmienten tajantemente. Son de fines del año pasado y muestran que tanto en Chile como en Brasil, México y Colombia, la población desea que el Estado influya más en la determinación de los precios de los productos y en el nivel de los salarios.

En esos países vecinos, donde vienen de imponerse candidatos de centroizquierda y que antes atravesaron importantes movilizaciones sociales, la gente desea más Estado y no menos. La frase “el Estado debe tener un rol activo en la regulación de la economía”, por caso, reúne un 79% de adhesiones en nuestro país, 77% en Brasil, 91% en Chile y 92% en Colombia. La idea de que “el mercado local tiene que estar protegido de la competencia extranjera” concita un 69% de simpatías en Brasil, un 76% en Argentina, un 83% en Chile y un 86% en Colombia.

Son todos porcentajes muy elevados de preferencias sociales por valores que la oferta electoral opositora mayoritaria se niega a canalizar. Quizá todavía sea demasiado temprano.

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Alejandro Bercovich

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