La disparada del dólar blue y la difusión de encuestas que relegan al peronismo al tercer lugar detrás de la derecha y la ultraderecha, como la que publicó Management&Fit esta semana, sirvieron para despabilar al Frente de Todos de una ensoñación reeleccionista que empezó a germinar al calor de la euforia por el Mundial y del inesperado descenso de la inflación durante noviembre. El amague y posterior recule presidencial frente a la Corte Suprema por la coparticipación federal de impuestos, subrayado con malicia por la misma Cristina Kirchner que encaramó a Alberto Fernández al sillón de Rivadavia, volvió a poner al oficialismo a la defensiva. Pero la vicepresidenta insistió sobre un riesgo mayor que ni sus incondicionales parecen tomar en serio: la pérdida de legitimidad de la democracia. Una tendencia que desde varios años cruza al empresariado y que ahora crece peligrosamente en el resto de la sociedad.

Aunque el divorcio prematuro entre quienes compartieron aquel binomio de 2019 atrofió al Frente de Todos como herramienta de gestión y le impidió cumplir con sus promesas de campaña, la consecuente ruptura entre una parte del electorado y la democracia amenaza con tener consecuencias más duraderas. Nunca desde el final de la dictadura, por ejemplo, fue tan alta la proporción de la población que aceptaría que los militares intervengan en conflictos callejeros ni la que preferiría que el Estado se retire de funciones básicas como la salud o la educación a cambio de cobrar menos impuestos. El contexto regional no aporta elementos para el sosiego: Pedro Castillo sigue preso en Perú a tres semanas del golpe de Estado que lo desplazó de la presidencia, Fernando Camacho encendió la mecha de otra insurrección cívica separatista en Santa Cruz de la Sierra contra el intento de un tribunal boliviano de juzgarlo por el golpe de 2019 y Jair Bolsonaro volvió a agitar a su feligresía contra Lula, que asume el domingo híper condicionado por las alianzas que debió tejer para ganarle.

Luego de que las dos coaliciones que animaron la política desde principios de siglo intentaran reconstruir el viejo bipartidismo del siglo XX con retazos del que voló por los aires en 2001, ese reciclado empezó a mostrar sus límites durante los cinco años ininterrumpidos en los que viene cayendo el salario real promedio. No solo por la insatisfacción que genera la falta de resultados sino también por el mandato cada vez más débil que transmite el voto. Si el menú de alternativas que se le ofrece no es lo suficientemente variado, el comensal ni siquiera lo abre. Ahí están las PASO de 2021 para demostrarlo, con la asistencia más baja a las urnas desde 1983 (67,7%).

Esa falencia representativa se puede intentar suplir como hizo Horacio Rodríguez Larreta esta semana, incorporando referentes que puedan generar identificación y sumar votos de algún sector social o contener a factores de poder relevantes. El riesgo es abusar. El jefe de Gobierno porteño frenó a tiempo antes de llegar al ridículo de designar en el mismo acto a Silvia Lospennato y a Cynthia Hotton, referentes de posiciones antagónicas en el debate sobre el aborto legal, pero Hotton asumirá de todos modos en pocos días. La incorporación al mismo gabinete de Martín Redrado, antiguo asesor estrella de Sergio Massa que venía de tender puentes hacia Cristina a través de una pareja de encumbrados referentes de La Cámpora que le abrieron las puertas del Senado, disparó una guerra de guerrillas entre los economistas de Juntos por el Cambio que hasta ahora mantenían sus diferencias en silencio.

Es un método de relegitimación que también parece considerar adecuado Alberto Fernández, quien intentó antes de Navidad incorporar a un CEO a su gabinete. La oferta fue para Antonio Aracre, quien dejará el timón de Syngenta este fin de semana. Economista de formación, Aracre ya había coqueteado varias veces en los últimos meses con un eventual salto a la política. Esta vez, en un desayuno, el Presidente le ofreció el cargo de jefe de asesores que dejó vacante Julián Leúnda. Hasta anoche no le había contestado.

Dobles varas

La mayoría del establishment supone que el oficialismo perderá, aunque todavía no tiene claro ante quién. La única ficha de ese color a la que apuestan los empresarios a esta altura es, lógicamente, la de Sergio Massa. El ministro de Economía coordinó con el Presidente la respuesta oficial al fallo de la Corte sobre la coparticipación después de la confusión inicial, aunque optó por correrse de la comunicación del tema. 

Lo que sí consiguió el anuncio por parte de Fernández y 14 gobernadores de que no acatarían el fallo que ordenó reponer a la Ciudad el 3% de la masa coparticipable de impuestos fue abroquelar al establishment como no ocurría desde el pacto con el FMI, que todas las cámaras patronales saludaron en simultáneo. Esta vez fue igual: punteó la poderosa AEA pero se le sumaron en cascada la UIA, IDEA, la Cámara de Comercio y la AmCham. En todos los comunicados había advertencias altisonantes sobre la gravedad de un conflicto entre poderes.

Tamaña alarma marcó un contraste indisimulable con el silencio que las mismas cámaras guardaron ante la revelación de que un grupo de cuatro jueces federales, el jefe de los fiscales porteños, dos espías y un ministro clave del gabinete porteño viajaron juntos a pasar un fin de semana a puro lujo en la mansión del magnate Joe Lewis invitados por el grupo Clarín. Como si el viaje mismo no implicara un pisoteo flagrante de la independencia de poderes y la imparcialidad de los magistrados y como si los esfuerzos por ocultarlo después no hubieran bordeado también el delito in fraganti.

La revelación ayer de una nueva tanda de chats del ministro Marcelo D’Alessandro con distintos actores de la Justicia y empresarios ligados al gobierno porteño también sirve como anticipo: prefigura que la campaña 2023 puede convertirse en una ciénaga de espías y operaciones cruzadas sin vínculo alguno con lo que le pasa a la gente. Eso, obviamente, promete ensanchar el abismo entre representantes y representados.

Mandatos

Massa todavía tiene a su favor algo: la inflación no está tan desbocada como parecía en medio del tembladeral de mediados de año. Durante la semana del 16 al 22 de diciembre, los precios medidos por la consultora global PriceStats se desaceleraron nuevamente respecto a la semana previa y en 22 días el índice promedió un 4,4% más que en igual período de noviembre. Puede ser una victoria, al menos modesta, de “Precios Justos”. Pero hay que ver qué pasa con los $30 que subió el blue en una semana.

Nada en la política criolla funciona demasiado bien. En la oposición tampoco. Las candidaturas porteñas de Fernán Quirós y Soledad Acuña quedaron en suspenso hasta marzo. Jorge Macri, la imposición del primo al alcalde porteño, ofreció a Waldo Wolff como prenda de unidad. Pero nadie en el espacio enamora y la interna sigue que arde.

A nivel nacional, ni la Justicia ni el Congreso pueden jactarse ante el Ejecutivo de ser más eficaces ni más eficientes. No pudieron siquiera discutir las tres leyes que querian Alberto y Massa para las sesiones ordinarias extendidas. Mucho menos el blanqueo de capitales que tanto vendió Massa para tentar a los evasores con cuentas en Estados Unidos que el intercambio de datos con el IRS podría deschavar. Pero aun si pudieran ¿no se pervertiría el mandato original del Frente de Todos? ¿No tienen razón los kicillofistas que mastican bronca en silencio contra lo que consideran “macrismo con buenos modales”?

Como escribió Mario Santucho en el manifiesto editorial de la penúltima revista Crisis, “la única forma de inclinar la balanza en el sentido de la democracia es dejar de hacerles reverencias a los privilegiados y volver a enchufar a la política con las fuentes esenciales de la soberanía”. Es lo contrario a lo que ocurrió en el semestre de la estabilización massista y Cristina lo sabe. Por ahora no lo dice.

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Alejandro Bercovich

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