El lunes pasado, el diputado Martin Tetaz presentó un proyecto de Ley para eliminar el impuesto a los bienes personales en base a los argumentos ya muy difundidos por su espacio político acerca de la “agobiante presión tributaria argentina”, “el diseño deficiente de los impuestos”, y alguna referencia al federalismo de escaso valor argumentativo. 

Sin embargo, los datos son contundentes: Argentina no solo no está ni cerca de ser el país con mayor presión tributaria del mundo (es un país de mitad de tabla), sino que además se caracteriza por gravar menos a los ricos, lo que se conoce como una estructura tributaria regresiva. En el primer semestre de 2022 casi el 40% de la recaudación impositiva correspondió al Impuesto al Valor Agregado (IVA), uno de los más regresivos que existen ya que- salvo contadas excepciones- grava con 21% a todas las transacciones, sin distinción de ingresos ni riqueza de las personas involucradas en ella. En los países de América Latina, los impuestos al valor agregado representan- en promedio- el 27% de la recaudación, mientras que en los países de la OCDE este porcentaje se reduce a 20%.

La contracara de esto es, naturalmente, que los impuestos progresivos tienen menor relevancia en nuestra recaudación. Se entiende por impuesto progresivo a aquel que grava más intensamente a quien tiene más capacidad contributiva, cuyos exponentes más claros en Argentina serían el impuesto a las ganancias y el impuesto a los bienes personales. Estos impuestos, a pesar de que vienen avanzando en protagonismo, aún tienen menos peso en la recaudación que en otros países.

Como resultado, el impacto redistributivo de nuestro sistema fiscal es muy pequeño. Un estudio de la CEPAL reveló que la desigualdad previa la intervención fiscal es similar en los países de América Latina y en los países de la OCDE. Sin embargo, el resultado post-intervención es muy distinto: mientras que en Alemania las transferencias y los impuestos reducen la desigualdad en un 40%, en Argentina lo hacen apenas 4%.

De modo que en un país donde el 40% de la población está por debajo de la línea de pobreza y hay una fuerte concentración de la riqueza, la iniciativa de eliminar impuestos progresivos en nombre de los incentivos a la acumulación parece- cuanto menos- desatinada, cuando deberíamos al menos estar pensando en incentivos para la redistribución y que eso permita que más argentinos y argentinas vivan mejor.

Lo que está en disputa en nuestro país y en el mundo es cuál es el rol que debe ocupar el Estado. Néstor Kirchner decía que el mercado articula económicamente pero no socialmente. Justamente, el mercado nunca pierde su carácter de reproductor y acumulador de capital, por el contrario, en las diversas etapas que hemos ido atravesando el capital se las ha ingeniado para multiplicarse. “money brings money and success brings success” la plata trae plata y el éxito trae éxito.

 

¿De qué se trata el impuesto a los bienes personales?

Es un tributo de aplicación en todo el territorio de la Nación que recae sobre los activos que cada persona tenga al cierre de cada período, situados en el país y en el exterior. Aplica una alícuota creciente entre 0,5% y 1,75%, de acuerdo con el valor fiscal de los bienes que cada contribuyente tenga en el país y de entre 0,75% y 2,25% para los bienes situados en el exterior. Además, para los bienes situados en el país hay un mínimo no imponible de $6 millones y las viviendas de hasta $30 millones de valor fiscal no están alcanzadas por el impuesto.

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que el valor fiscal es varias veces inferior al valor de mercado. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el valor fiscal es cerca del 20% del valor de mercado, por lo cual un inmueble que computa por 6 millones de pesos a valor fiscal vale aproximadamente USD 200.000 a valor de mercado.


Es por esto que la población objetivo del impuesto a los bienes personales es realmente acotado: se estima que lo pagan alrededor de 500 mil personas, poco más del 1% del país.

En otras palabras, se trata de un impuesto que grava la riqueza del contribuyente, con una escala creciente de la tasa de aplicación en función a la suma de activos gravados, y que alcanza solo al 1% más rico del país ¿Por qué eliminarlo?

Dentro del hilo de argumentos de la oposición también se suma que este impuesto le quita base recaudatoria a las provincias de los impuestos urbano y rural. La realidad es que el 60% del impuesto a los bienes personales es coparticipable y dota al Estado de enormes recursos para poder orientar la distribución y crear más y mejores oportunidades para los habitantes de este suelo.

A continuación, se muestra un cuadro que ilustra cómo se distribuye la recaudación del impuesto:

 

 

 

Es curioso que el argumento de la oposición sea la preocupación por las economías provinciales, cuando a raíz que dejaron al gobierno sin presupuesto para el 2022 se provocó un golpe a la recuperación de la economía y un retroceso para los ingresos provinciales y municipales, que perdieron obras e inversiones necesarias para mejorar la vida de los vecinos y las vecinas.

Los mismos que sostienen que el problema de la Argentina es el déficit fiscal, dicen que resulta perjudicial gravar a los más ricos. La famosa teoría del derrame que propone reducir los impuestos a las empresas y a los ricos de la sociedad como medio para estimular la inversión empresarial a corto plazo y beneficiar a la sociedad en general a largo plazo.

No es el déficit y no son los excesivos impuestos, es la redistribución y el carácter interventor del Estado la acumulación de la riqueza. Quieren una sociedad pobre y sumisa que se conforme con el goteo de un capital que es insaciable.

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