Más allá de sus alianzas mediáticas a ambos lados de la grieta y de su proverbial talento para la autopromoción, Sergio Massa sabe que el ajuste fiscal y monetario que empezó a desplegar apenas desembarcó en el quinto piso del Palacio de Hacienda no alcanza para conjurar el riesgo de un salto del dólar en los próximos meses. Tampoco evacúan ese escenario los fondos que "destrabaron" el Banco Mundial y el BID, que implican acelerar desembolsos ya previstos por ambas instituciones para el año, ni la liquidación récord de exportaciones por parte del complejo aceitero, que en apenas cuatro días aportó U$S 1.408 millones al Banco Central pero que también anticipó un ingreso de divisas que tarde o temprano ocurriría. Lo que compró el ministro de Economía es tiempo. Un tiempo valiosísimo en medio de una corrida como la que desató la eyección de Martín Guzmán, pero cuyo costo todavía es incierto en términos tanto económicos como políticos.

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La prueba de la desesperación del Gobierno es cuánto aceptó ceder en la negociación con el puñado de firmas que concentran la exportación y molienda de granos para que liquidaran sus tenencias de soja. Una negociación que piloteó en secreto el único dueño sentado a la mesa: Roberto Urquía, de AGD. Grosso modo, si ingresan U$S 5.000 millones durante el mes que durará la oferta por tiempo limitado del "dólar soja", el pacto que se selló con los anuncios del domingo generará una transferencia hacia el sector agroexportador de 300.000 millones de pesos. Es un monto similar, en sentido opuesto, al que le arrimó al fisco el año pasado (actualizado a hoy) el Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas.

El subsidio que le arrancó a Massa el puñado de compañías a las que ningún dirigente opositor se atrevería a acusar de "sojaplaneras" -como sí ocurre con los destinatarios de transferencias de menor cuantía- será financiado por el Central, que prevé cubrir con emisión monetaria la diferencia entre los $200 por dólar que les paga a los exportadores de soja y los $140 a los que vende esos mismos dólares al común de los mortales. El Tesoro compensará ese costo con una letra a 10 años en dólares, lo cual incrementará su stock de deuda externa, y la autoridad monetaria deberá a su vez esterilizar esa emisión adicional subiendo más las tasas de interés. Planea volver a hacerlo el jueves próximo, en un proceso que se inició en julio y que ya empezó a impactar en la actividad, como lo puso de manifiesto la caída mensual del 1,2% en el Índice de Producción Industrial (IPI) de ese mes.

A eso hay que agregar los efectos distributivos y los impactos "de segunda ronda" que no fueron tenidos en cuenta en la negociación con el exsenador Urquía y las multis como Cargill, Bunge, ADM, COFCO y Glencore, agrupadas en el poderoso lobby de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). Entre los primeros asoma un conflicto intrasectorial que insinuó la Federación Agraria: sin las espaldas de los grandes players, los productores más chicos tuvieron que vender sus granos antes que apareciera el "dólar soja" y salieron perdiendo frente a los más grandes. Los impactos de segunda ronda pueden ser aún mayores, porque el subsidio al eslabón más poderoso del sector más productivo de la economía implica un sobrecosto para otros, como la lechería, los feedlots y la industria avícola. Todo un acicate para la inflación de los alimentos, como la presión al alza de los alquileres de campos, pactados por lo general en quintales de soja.

Son consecuencias lógicas de lo anunciado si se despeja la bruma de las palabras para ir a los números. En términos de recaudación y de precios internos, el dólar soja opera en sentido contrario a las retenciones. Y abre además nuevos interrogantes. El más perentorio es si quienes siembren trigo y maíz para la cosecha fina no exigirán también sus respectivos dólares "promocionales", como ya hicieron rápidas de reflejos las bodegas con su "dólar Malbec".

El Gran Bonete

Lo difícil de explicar para el Frente de Todos es cómo llegó a esta instancia tan condicionado que debió recular ante quienes acusaba hasta hace dos semanas de especuladores y peregrinar durante 10 días por distintos despachos de Washington DC repartiendo promesas y concesiones que recién se conocerán con el correr del tiempo a cambio del rescate financiero que anunció con una sonrisa el flamante aliado Mauricio Claver-Carone. Los investigadores Pablo Manzanelli y Leandro Amoretti, del Centro de Estudios y Formación de la CTA (CIFRA), lo adjudicaron esta semana a "las consecuencias de la política económica moderada que desplego el Frente de Todos para salir de la crisis de la deuda heredada del gobierno anterior y de los efectos económicos de la pandemia".

En una revisión forense del balance cambiario para establecer por qué las reservas cayeron U$S 8.000 millones desde la asunción de Alberto Fernández pese al superávit comercial récord que generó el boom pospandemia de los commodities, Manzanelli y Amoretti destacan que el déficit por pago de intereses y capital de la deuda externa del sector privado entre enero de 2020 y junio de 2022 (U$S 20.731 millones) se comió el 63% del superávit comercial del mismo lapso (U$S 32.728 millones).

"Se trata de una magnitud muy superior al déficit comercial del sector energético, que contabilizo U$S2.397 millones entre enero de 2020 y junio de 2022", destaca el informe. Lo compara también con 2003, cuando la salida por pagos de deuda de empresas fue de U$S 2.516 millones, con un stock de deuda externa privada superior al actual (U$S 48.705 millones versus U$S 40.490 millones). A la vez, responsabiliza a "los resultados de la renegociación de la deuda pública", que "también se alejaron de la experiencia que se inicio en 2003 y que permitió generar las condiciones para el largo crecimiento posterior".

Es parte del debate interno que eclipsó temporariamente el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, pero que promete volver a medida que se acerque la campaña electoral y el ajuste de Massa empiece a frenar la actividad. Por más compensaciones y bonos que aparezcan, los sueldos y las jubilaciones van a seguir corriendo de atrás a los precios. Durante el julio del batakazo, por ejemplo, los sueldos formales privados crecieron al 5,3% y los precios al 7,4%. Así, la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) volvió a quedar por debajo en términos reales de diciembre de 2019, cuando asumieron los Fernández. Y todavía no se había acelerado la devaluación oficial en cuotas, que en julio fue del 4,7%, en agosto del 5,5% y en las primeras tres ruedas de septiembre tocó el equivalente a una tasa mensual del 6,9%.

Gasoducto al paraíso

La Fundación Capital, de Martín Redrado, que no aceptó cargos pero volvió a conversar informalmente con Massa, proyecta una inflación del 96% para el cierre de este año. Habrá que ver cómo explica el viceministro Gabriel Rubinstein si el viernes que viene el proyecto de Presupuesto 2023 sale con una pauta de inflación del 60% para 2023, como aseguraron fuentes de Economía a BAE Negocios que tendrá. Quizá sea simple expresión de deseo.

La proyección de crecimiento del PBI del 3% fijada por ahora en el borrador, en línea con la que prevé el FMI, también requiere una fundamentación macroeconómica que sigue brillando por su ausencia en el equipo de Massa. Al fin y al cabo, ayer el Banco Central Europeo anunció otra suba de sus tasas de interés y advirtió que 2023 puede ser un año de caída del PBI en el Viejo Continente. El invierno sin gas que se avecina en una Europa en guerra y la inestabilidad política que preanuncia tampoco ayudan a despejar la incertidumbre.

Buena parte de la apuesta frentetodista a que el año no termine con otra corrida cambiaria, justamente, se asienta en que avance a buen ritmo el Gasoducto Néstor Kirchner (GNK), que ya fue adjudicado a los grupos Techint (Rocca) y Pampa (Mindlin). Pero si bien la obra puede ahorrar valiosas divisas durante el próximo invierno en gas que no se importará, sus contratistas se mantienen a buen resguardo de esa suerte que vaya a correr del país. Acaban de develarlo los economistas Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti, que la semana próxima presentarán en la Fundación Friedrich Ebert un informe que prueba que cada una de las firmas de Techint involucradas en el GNK "está vinculada a una estructura offshore en Uruguay que no tiene actividad productiva alguna pero sí un intenso intercambio comercial y financiero formal con las empresas radicadas en Argentina".

En su conjunto, esas firmas cáscara de Techint en la vecina orilla facturaron US$ 7.418 millones en 2021, el equivalente al 13% del PBI de Uruguay. La dimensión de lo que se triangula y elude, al igual que en el comercio de granos, sugiere cautela a la hora de evaluar los avances de Massa para aceitar el intercambio de información con la AFIP estadounidense (el IRS) y dar con el paradero de los fondos no declarados por argentinos ricos en el exterior. El equipo de prensa del ministro dio ese paso por "cerrado a nivel técnico" y aventuró que podrían ayudar a ubicar U$S 100.000 millones en patrimonios ocultos. Toda una audacia.

El torniquete de estas semanas puede funcionar en el corto plazo para frenar las cotizaciones en el mercado paralelo, pero no será gratis. Una parte del ajuste lo hará la inflación, otra la recesión y otra el propio ministro, como ocurrió con los $128.000 millones que podó mediante la decisión administrativa 826/22. Falta como mínimo otro tanto para cumplir con el 2,5% de déficit primario que no acepta relajar Kristalina Georgieva. Lo que podría aplacar los costos sociales del ajuste es que la brecha cambiaria se achique y eso lleve a que se desatesoren dólares adicionales a los que aportarán el agro y los organismos internacionales a las reservas. Ahí sí estaríamos ante una "fábrica" de divisas nuevas y no solo frente a una devaluación en cuotas y a adelantos que siempre se pagan caro.

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Alejandro Bercovich

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