A una semana de la sorpresiva resolución del conflicto sindical vinculado a las actividades relacionadas con la fabricación de neumáticos muestra a las claras que, en el devenir del mismo y hasta último momento, faltó “Responsabilidad Social Empresaria”. Una titulación que todas las grandes compañías proclaman, -y muchas incluyen en sus organigramas y/o ámbitos gerenciales referidos al tema-, pero que en realidad pocas practican. Esto originó que las empresas involucradas con la actividad referenciada, se permitieran llevar el conflicto a un punto de crispación social, laboral y político enorme, al límite de lo aceptable.

Es claro que correspondió analizar el profundidad y en su verdadera complejidad el conflicto. Las empresas del rubro han obtenido excesivas utilidades y los salarios de los trabajadores han perdido poder adquisitivo. Las empresas se victimizan y la conducción sindical, en función de la legitimidad de sus reclamos se exceden en la metodología. Las partes y el Gobierno deben proceder con grandeza y sin mezquindades.

Cuando nos aproximábamos al borde del abismo, prevaleció la cordura y el conflicto se solucionó por los carriles naturales, a través del Ministerio de Trabajo de Nación, que recuperó su protagonismo y eximió al Gobierno de optar por una de las partes, como se proponía al amenazar con abrir la importación de neumáticos.

Sobre las utilidades en los balances de las empresas del rubro, basta ver, a título informativo, la publicación efectuada en el magazine Revolución Popular Noticias del 27 de setiembre de 2022, “Empresas de Neumáticos: Ganancias record y un peso salarial marginal”.

No obstante esta realidad de público conocimiento, hubo medios que dieron tratamientos sesgados al tema. Como ejemplo de ello, un canal de cable tituló el conflicto como “Un país en llantas”, tomando claramente partido por los poderosos de la puja, que se veían afectados por el paro.

Ni consideraron, de mínima, la legitimidad del reclamo sindical, fundado en la inflación existente, que denostó la paritaria de 2021, así como una mejora salarial para 2023, bono de fin de año y horas extras.

Esto adquiere suma relevancia, puesto que los conflictos colectivos de trabajo son un correlato de los conflictos sociales, y tienen por objeto defender determinados derechos, condiciones de trabajo y empleo, e incluso oponerse o apoyar cambios legislativos que puedan afectar o beneficiar sus intereses.

El problema de fondo, efectivamente, es la inflación –que retrasa los salarios-, el trabajo no registrado, la economía en negro y una distribución regresiva de la riqueza fruto de la producción. Un explosivo cóctel que beneficia a unos pocos, en perjuicio de las grandes mayorías. Es inviable una sociedad con pocos ricos, cada vez más ricos y muchos pobres, cada vez más pobres.

Mientras que los planes sociales apenas alcanzan a ser un tibio paliativo de las tensiones que esa situación, a todas luces injusta, produce.

Cuestión central

No se perdió la cultura del trabajo, como dicen algunos insensibles, se perdió la cultura del trabajo registrado y lo advierto sin ningún tipo de reservas y con absoluta honestidad intelectual, ya que la peor situación para los trabajadores, sin distinción, es la ausencia de sindicatos.

Y hago esta última afirmación, porque se registran varios proyectos impulsados por la principal fuerza opositora direccionados a debilitar estas instituciones, -las sindicales el particular y las laborales en general-,por exceder los límites del presente artículo, y para mayores precisiones se puede ver en el portal Infogremiales del 2 de octubre de 2022, nota de Pablo Maradei titulada “En sigilo, Juntos por el Cambio ingresa una batería de reformas de la legislación laboral pensando en ser gobierno en 2023”.

En esta embestida ideológica contra la lucha sindical, se reclama el fin del conflicto laboral, pero en realidad se pretende y busca la declinación del actor sindical como consecuencia de la fragmentación del mundo del trabajo.

La conflictividad obrera es un elemento fundamental para pensar los límites y contradicciones de la ofensiva capitalista. No puedo soslayar una comparación entre estas iniciativas y las adoptadas respecto del mismo colectivo por las autoridades que encabezaron y tomaron el gobierno en el golpe genocida de marzo de 1976, -para mayores precisiones leer en LMNeuquén del 2 de octubre 2022 nota de Aldo Duzdevich, “Sindicatos y Dictadura: Los militares tenían claro su objetivo”.

Esa es la tremenda realidad en que nos encontramos inmersos explica las marchas, tomas de colegios, cortes, acampes, piquetes y demás manifestaciones sociales, que cada día acaecen sin solución de continuidad. Los sectores sociales emplean prácticas sindicales de excepción para canalizar sus demandas y resolver los conflictos. 

Se observan, -afortunadamente-, actores sociales involucrados en la solución de tantas controversias sociales. Así, el viernes pasado, participé de un homenaje al Papa Francisco convocado por el Arzobispo de La Plata al cual asistieron distintos sectores políticos, confesionales, sindicales, empresariales, sociales y académicos, y en cuya oportunidad, el Arzobispo convocó a superar la grieta y transitar el camino del diálogo y la concertación social.

Efectivamente, nos es necesario generar un ámbito de diálogo donde converjan las principales fuerzas políticas y se zanjen, de una manera civilizada y racional- las diferencias existentes en la sociedad y la política. La Iglesia, -tal como lo fue con motivo de la crisis del 2001/2002- podría ser dicho vehículo, bajo el marco de búsqueda de paz social, articulando entre organizaciones sociales y políticas.

Los actores sociales tienen la palabra, el compromiso en alcanzar estos fines debe ser conjunto.

(*) Abogado Laboralista, ex ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, conductor del Grupo Descartes