El 6 de abril se reunió la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado para iniciar la presentación del Proyecto de Ley, en el medio de los desacuerdos al interior de la coalición de gobierno en lo que refiere a la negociación con el Fondo Monetario Internacional.

Ya en la celebración del día de la democracia en diciembre de 2021, la presidenta de la Cámara Alta había manifestado su preocupación por el curso de las negociaciones con el organismo. La atención de su discurso se centró, entre otras cosas, en el crecimiento de la evasión fiscal y en la propagación de herramientas por parte del Estado para facilitar la misma: “A la Argentina no le faltan dólares, los dólares de la Argentina los tienen afuera, se los llevaron afuera, necesitamos que el Fondo nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales donde se han ido miles de millones de dólares en evasión para que les paguemos”

¿Cómo llegamos al Fondo?

El 17 de diciembre de 2015, a través de la Resolución General 3819 de AFIP, el recién asumido gobierno de Mauricio Macri aumentó el límite de compra mensual de dólares para personas físicas de USD2.000 a USD2 millones, y definió que todo nuevo ingreso de dólares del exterior tendría derecho a la libre salida por igual monto. Asimismo, el Ministerio de Hacienda y Finanzas liderado en ese entonces por Alfonso Prat Gay eliminó el encaje del 30% por un año cuando se ingresaran capitales del exterior y redujo el requisito de permanencia de dichos fondos de 365 a 120 días.

En paralelo, el sector público se convertía en un insaciable tomador de crédito: ofrecía instrumentos a una tasa de interés real muy alta que, a medida que pasaba el tiempo aumentaba para compensar la devaluación, la inflación y las expectativas del mercado.

De esta forma se consolidaba la mezcla perfecta para la creciente entrada de inversiones de cartera. Ingresaban capitales del extranjero, intercambiaban sus divisas por pesos para invertir en instrumentos en moneda local, conseguían cuantiosas ganancias, y luego las convertían en dólares para sacarlas del país.

Y es que las inversiones de cartera se tratan precisamente de eso, también conocidas como capitales golondrina o especulativos, tienen como objetivo obtener un alto rendimiento financiero en el corto plazo a partir de la compra de acciones o títulos de deuda. Esto, en contraposición de la inversión extranjera directa que se caracteriza por ser una colocación a más largo plazo y con un grado significativo de influencia en la empresa por medio de una participación accionaria superior al 10 %.

Inversiones en dólares por año 

 *Valores expresados en millones de dólares

* Fuente: Elaboración propia elaborada sobre la base de INDEC y CEPAL

Como se puede ver, durante el año 2016 la inversión en cartera superó la inversión directa de todo el período. En esa misma etapa la Formación de Activos Externos (FAE) -coloquialmente llamada “fuga de capitales”- superó los USD 86.000 millones, USD 41.100 en los dos primeros años y USD 45.100 a partir de 2018.

Un rasgo característico de lo que fue el acelerado crecimiento de la FAE, fue la concentración de las operaciones: 100 personas fueron las que explicaron salidas netas de divisas por USD 24.679 millones, un tercio de las cuales la explicaron los primeros 10 compradores.

En 2018, Argentina sumida en este escenario, cerró nuevamente un acuerdo con el FMI.

 

¿Y ahora qué?

Luego de este derrotero de altas tasas, desregulación y vuelta al FMI, Argentina concluyó el 2019 con una de las fases contractivas más prolongadas de su historia, y con un nuevo episodio de crisis por sobreendeudamiento externo en puerta.

La creación del fondo para pagarle al Fondo tendría como objetivo una recaudación de aproximadamente USD 70.000 millones, lo que surge de calcular una penalidad del 20% sobre los USD 350.000 millones que se estiman que argentinos y argentinas tienen sin declarar en el exterior. A diferencia de otras iniciativas vinculadas con la repatriación y declaración de bienes en el exterior, esta propuesta no revestiría el carácter de blanqueo, dado que no sería voluntario e implicaría penalidades para aquellos que en un momento de extrema vulnerabilidad económica y social utilizaron conocimientos de privilegio para sacar divisas del país sin declaración, evadiendo los compromisos tributarios que ello conlleva.

La cuenta se conformaría en dólares porque es en la moneda en la que se deben afrontar los compromisos con el FMI,  pero uno de los elementos más importantes del proyecto es su carácter distributivo. Permitiría morigerar el impacto de la deuda con el FMI sobre la totalidad de la sociedad argentina y, en cambio, direccionaría la recaudación sobre aquellos que se beneficiaron con las políticas de altas tasas y desregulación, que perjudicaron a las enormes mayorías.

Y es que, en definitiva, intervenir en la economía se trata de intervenir en la administración de bienes escasos, lo que en la historia argentina casi siempre implica también regular y administrar los dólares del país.


Lic. en Economía, Paridad en la Macro

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