El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que las asignaciones familiares aumentarán a $20.000 para 1,1 millones de trabajadores, como un "primer paso" para recomponer ingresos frente a los altos niveles de inflación. La medida tendrá un costo cercano a los $20.000 millones y el titular de Hacienda reiteró que fue tomada teniendo en cuenta el "orden fiscal", en el marco del ajuste de las cuentas públicas para cumplir con un déficit del 2,5% del PBI este año. Todavía restan medidas para los sectores de indigencia, mientras que este martes hubo marchas de los movimientos sociales para pedir por un Salario Básico Universal. El Gobierno enfrenta la tensión entre la disciplina fiscal y los reclamos de los sectores más vulnerables.

Durante septiembre, octubre y noviembre las asignaciones de trabajadores en relación de dependencia, con ingresos familiares de hasta $131.000, pasarán a percibir $20.000 por cada hijo, cuando antes era la mitad. Así lo anunciaron este martes Massa y la titular de Anses, Fernánda Raverta, durante un acto en Escobar.

Según datos oficiales, el incremento alcanza a más de 1,8 millones de menores y mejora los ingresos de más de 1,1 millón de trabajadores. Con dicho aumento, el equipo económico estima que una familia tipo de este segmento, que es el de menores ingresos entre los asalariados, superará la línea de pobreza, que hoy está en julio era de $111.298.

Massa aseguró además que la medida fue financiada con el anticipo de Ganancias sobre las grandes empresas por el que esperan recaudar unos $250.000 millones, según estimaciones del Gobierno. El costo de reforzar las asignaciones será de $20.000 millones mensuales extra, es decir, 0,03% del PBI.

El director de Epyca consultores, Martín kalos, comentó: "La suba de las asignaciones es un refuerzo necesario. Siempre está la opción de congelar el gasto y tener un ahorro real. El Gobierno no puede hacer esto por el costo social. Debe recomponer el ingreso de las familias y hacerse cargo de que también es culpa de la mala praxis".

El ministro de Economía señaló que este fue un "primer paso" para recomponer los ingresos frente a la aceleración inflacionaria de los últimos meses, con un IPC del 7,4% en julio, que en agosto apunta a cerrar por arriba del 6% y encima del 90% en todo 2022, en base a las proyecciones del mercado. A su vez, atribuyó la aceleración de precios a los efectos de la guerra en Ucrania y a "malas decisiones económicas".

Por otro lado, aún no hubo noticias sobre un mecanismo de refuerzos para los "sectores de indigencia" tal como había anticipado Massa durante su discurso en el Consejo de las Américas. En ese marco, los movimientos sociales, incluyendo los que forman parte del Frente de Todos, se movilizaron en distintos puntos del país para reclamar un "Salario Básico Universal para terminar con la indigencia". Dicha medida fue resistida también en tiempos de Martín Guzmán y Silvina Batakis, en línea con la necesidad de ajustar el gasto público.

El economista de Ecolatina, Bruno Bonfanti, consideró que los desafíos del Gobierno no son solo económicos. "Massa deberá administrar los pedidos de recomposición en un contexto sumamente frágil, mientras se arma el complejo rompecabezas del gasto en los próximos meses", afirmó Bonfanti.

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Agustín Maza

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