Enero terminó con un rollover de la deuda en pesos del 144%. El número es bueno y más que suficiente para, por ahora, seguir cumpliendo las metas monetarias con el FMI, que exigen un ritmo mensual de renovaciones de alrededor de 130%. Las licitaciones e incluso el sorpresivo canje de principios de mes tuvieron, así, buenos resultados, aunque, con todo, ese inicio favorable no alcanzó para empezar a vislumbrar soluciones al gran problema del 2023: la amplísima mayoría de los vencimientos son antes de las elecciones porque los inversores temen a un nuevo reperfilamiento, según quién gane la contienda en las urnas. Durante el fin de semana, un comunicado de Juntos por el Cambio mencionó la palabra default y la posibilidad de una salida caótica.

Un informe reciente de PxQ, la consultora dirigida por Emmanuel Álvarez Agis reseñó el problema del 2023 que enfrenta el Gobierno en sus licitaciones: “El Tesoro está teniendo dificultades para refinanciar la deuda en pesos. Esas dificultades no devienen de un problema en su sostenibilidad, sino de un problema de carácter estrictamente político. La oposición tiene la llave para desestabilizar el mercado de pesos y, con esto, reducir sustantivamente las chances electorales del gobierno. Pero, si este fuera el caso, los costos económicos pueden superar los beneficios electorales: se pone en riesgo la cadena de pagos y el sistema financiero en su conjunto”

Y agregó: “Cuanto más cerca de las elecciones, más se complicará la renovación de vencimientos del Tesoro. Gran parte del problema se solucionaría si el Tesoro tuviese éxito en colocar deuda más allá de octubre. Sin embargo, la especulación acerca de una posible reestructuración por parte de un gobierno de la oposición desincentiva la demanda por títulos del Tesoro más allá de 2023”.

Algo de eso salió a la cancha durante el fin de semana, cuando Juntos por el Cambio abandonó el silencio y echó algo de nafta a la incertidumbre sobre la deuda en pesos. A través de un comunicado afirmó: “Durante el Gobierno de Alberto Fernández, el endeudamiento público tuvo un aumento récord: creció ya en el equivalente a USD83.000 millones, disparando una crisis de financiamiento en pesos que tuvo su epicentro en junio del 2022. Desde entonces el BCRA se vio obligado a comprar deuda pública por el equivalente al 2,3% del PBI, burlando los límites al financiamiento al Tesoro que fija su Carta Orgánica”.

Y se refirió a las posibilidades de default y una salida caótica del problema, al tiempo que advirtió sobre los riesgos poselectorales que correrán los acreedores: “Por su parte, el Tesoro Nacional comenzó a ejecutar sucesivos canjes de deuda que maquillan la falta de financiamiento genuino, a fin de evitar un nuevo default o una mayor monetización de la deuda pública. A pesar de la negación del Gobierno, esto ha puesto al país ante un delicado escenario de fragilidad financiera que eleva el riesgo de una salida caótica. En suma, una situación que, lejos de resolver los problemas, intenta irresponsablemente desplazar su impacto al día después de las elecciones”.

Entre el canje de principios de mes y las dos licitaciones en las que obtuvo un endeudamiento extra, principalmente en la segunda, en la que llegó a duplicar lo que necesitaba, el Tesoro logró un rollover de 144%. Ecolatina detalló que, teniendo en cuenta el rojo primario proyectado para el año más los vencimientos en pesos, para lograr cerrar un 2023 cumpliendo con el FMI, será necesario una renovación de obligaciones de 130%. Enero dejó así un cierto margen pero la dificultad será más cerca de las elecciones, cuando empiecen a asomar los megavencimientos, como los de abril y julio, en torno a $2,5 billones.

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Mariano Cuparo Ortiz

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