Según un análisis realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, la inversión pública exhibió una caída del 38,3% real en la comparación con el mismo período de 2021. Esto implica que las erogaciones del Estado, sobre todo transferencias de capital y proyectos de inversión, se movieron muy por detrás de la inflación anual, que rozó una suba del 95%. Esta disminución real del gasto tuvo impacto en programas sociales, educación, transporte e inversiones en empresas públicas. En la ejecución presupuestaria del 2022 pueden observarse las presiones del FMI para recortar el gasto público, mandato cumplido a rajatabla por la actual administración.

“La inversión pública (IP) ejecutada durante 2022 ascendió a $1.178.200 millones, lo que representó una disminución real del 38,3% interanual con relación a la ejecución del ejercicio 2021. Esto se explica por la caída de las transferencias de capital (-46,6%), y en menor medida por la inversión real directa, (-9,9%) que también contribuyó a la disminución interanual total”, puede leerse en el documento publicado por la OPC.

La disminución del gasto público en términos reales ocurrió de manera sistemática desde agosto del año pasado, en línea con el pedido del FMI de recortar las erogaciones a partir del segundo semestre con el objetivo de alcanzar la meta de déficit del 2,5%, que en la práctica fue sobre cumplida.

El ítem inversión pública está compuesto por proyectos de inversión (inversión real directa) y transferencias de capital. En relación al primer aspecto, la caída real fue del 18%. En total, se realizaron 710 obras en todo el país vinculadas con la construcción de autopistas.

Por otro lado, las principales caídas reales se registraron en las áreas de Promoción y asistencia social (- 30%), Educación y cultura (-19,8%) y transporte (-23,6). Pero también se destacaron mermas en vivienda y urbanismo (-54%), agua potable y alcantarillado (54,7%) y energía, combustible y minería (38,5).

El segundo componente, es decir las transferencias de capital, cuyo objetivo es financiar proyectos y adquisición en equipos en instituciones que no forman parte de la Administración Nacional, registraron una caída real del 46,6%. Estos son los recursos volcados por el Estado en diferentes reparticiones del país.

“La disminución estuvo impulsada por las transferencias de capital destinadas a fondos fiduciarios y otros entes (-55,8%), a empresas públicas (-49,6%) y a provincias y municipios (-33,4%)”, puede leerse en el documento de la OPC.

Si bien la inversión pública en 2022 resultó inferior a la de 2021 (1,4% versus 2,4% del PIB), se mantuvo en niveles superiores al trienio 2018-2020 (1,2%, 1,2% y 1,1% del PIB). En dicho período, la ejecución en inversión resultó decreciente, con un mínimo en 2020, afectado por la pandemia por COVID-19. En 2021 se registró el pico máximo del período, sustentado en las transferencias a fondos fiduciarios y a empresas públicas.

Tanto las transferencias a las empresas públicas, como la focalización absoluta de los planes sociales y los envíos a las provincias formaron parte del menú de ajuste sugerido por el FMI y ejecutado por el gobierno nacional, con una especial celeridad desde la llegada de Sergio Massa al gabinete.

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Sebastián Premici

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