El ministro de Economía, Sergio Massa, envió este jueves al Congreso, junto al proyecto de Presupuesto 2023, una “separata” que contiene una enumeración de beneficios fiscales a determinados sectores que representan un gasto tributario de 2,49% del PBI, “para que los legisladores analicen la posibilidad de realizar modificaciones que generen una mayor recaudación”. Este es un pedido que desde hace tiempo realiza el FMI. La idea del Palacio de Hacienda es que sobre la base de un déficit que se reduciría del 2,5% del PBI en 2022 al 1,9% en 2023, pueda existir una mejora todavía mayor en la “performance fiscal”.

Según consigna el texto del proyecto ingresado anoche a Diputados, usualmente los beneficiarios de estos incentivos promocionales, que terminan con una reducción en las obligaciones impositivas, son grupos empresarios y grandes firmas. A esto se lo denomina como gasto tributario por ser ingresos que deja de percibir el fisco para otorgar un tratamiento especial en pos de favorecer el desarrollo de determinadas actividades, zonas, contribuyentes o consumos.

En diálogo con BAE Negocios, fuentes del Ministerio de Economía definieron la medida como una invitación al Congreso, pero en particular a la oposición, para reducir aún más el déficit de lo establecido en la hoja de ruta de Massa. “Le damos la posibilidad de que si se animan a estudiar estos beneficios en impuestos se pueda mejorar la performance fiscal sobre la base que presentamos en el Presupuesto”, comentaron.

En detalle, la proyección de Economía es que el gasto tributario representará en 2022 $2,185 billones, o 2,67% del PBI, mientras que para 2023 pasarían a implicar $3,6 billones, o 2,49% del PBI, agrupados en dos segmentos. Por un lado, “se encuentran los derivados de normas impositivas (1,81% del PIB) y por otro los de Regímenes de Promoción Económica (0,68% del PIB). Además, precisaron que existen ítems no incluidos en dicha enumeración que suman en total otros 2,4% del PBI.

En tanto, el texto que preparó el equipo económico hizo foco en un conjunto de gastos tributarios que representan el 60% del total (1,49% del PBI), los cuales forman parte del “menú recomendado” para el recorte. Entre ellos se encuentran las exenciones de Ganancias de algunos jueces o asociaciones civiles, impuestos internos reducidos de Tierra del Fuego, beneficios para directores de empresas, entre otros.

En coincidencia, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) aseguró: “Cada año Argentina deja de recaudar alrededor de $1,5 billón en concepto de gastos tributarios, monto que representa entre el 2% y el 3% del PBI y alrededor del 12% del gasto público. Como en la mayoría de los países de la región, la información relativa a los costos asociados es escasa”.

La idea que llevó adelante Massa formó parte de las conversaciones que mantuvo durante su gira en Estados Unidos con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y va en línea con una observación que el organismo viene realizando hace tiempo. “Ven que hay una enorme cantidad de beneficios a empresas que se renuevan año a año sin que el Congreso lo discuta”, precisaron las fuentes del Palacio de Hacienda.

De hecho, en el comunicado que publicó este lunes el Fondo luego de la cumbre que mantuvieron Massa y Georgieva en Washington. Allí se resaltó el “beneplácito” por el compromiso del titular del Palacio de Hacienda para cumplir los objetivos planteados en el acuerdo, en especial el de ajuste fiscal, y con los “concluyentes avances en ese sentido” que incluyen entre otras cosas poner el foco en los “incentivos fiscales corporativos”.

En el plan que lidera Massa y que supervisa atentamente su viceministro Gabriel Rubinstein la reducción del déficit fiscal será central no sólo para cumplir con el Fondo sino también para bajar la inflación. Por eso, al déficit de 1,9% del PBI proyectado por el Gobierno para 2023 lo acompaña una "invitación" a un recorte mayor por parte del oficialismo a las fuerzas opositoras. Con principal foco en Juntos por el Cambio.

El último proyecto de Presupuesto fue el de 2021, presentado por Martín Guzmán en la Cámara baja, y terminó con un rechazo por parte de la oposición. La inflación fue una discusión fuerte en Diputados porque la meta del ex ministro marcaba una reducción del 50,9% en 2021 al 33% en 2022, 17,9 puntos . Ahora apunta a terminar el año arriba del 95% y la hoja de ruta de Massa contempla un IPC del 60% en 2023, es decir que la caída deberá ser al menos de 35 puntos.

“Es un presupuesto realista, acorde al contexto y al impacto de la guerra en Ucrania. Si no hay presupuesto, no hay prórroga. Nosotros y la oposición tenemos que ser inteligentes. Si no hay Presupuesto tenemos un shutdown (cierre) del Estado”, sostuvieron en Economía.

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Agustín Maza

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