La primera ministra británica, Liz Truss, volvió a defender su cuestionado plan fiscal, una de cuyas medidas tuvo que suprimir ayer, y su ministro de Finanzas se dispone según la prensa a adelantar la publicación de cómo prevén financiarlo.

En una entrevista con la BBC, Truss defendió sus medidas económicas, consistentes en una importante reducción de impuestos acompañada de ayudas a hogares y empresas para pagar las astronómicas facturas energéticas.

"Estoy decidida a seguir adelante con este paquete de crecimiento", aseguró, calificándolo de "responsable". "Pero también es importante que escuchemos a la gente y que llevemos al país con nosotros", agregó.

Presentado el 23 de septiembre, el plan suscitó muchas críticas por prever la financiación de los recortes fiscales con más deuda pública.

Agitación

Bajo la presión de organismos financieros, la opinión pública y su propio Partido Conservador, el gobierno anunció ayer que abandonaba una de sus medidas estrellas: la supresión del tramo impositivo más alto, de 45% para las rentas superiores a 150.000 libras anuales (170.000 dólares).

Ahora, según el Financial Times y la BBC, el ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng, se dispone a claudicar de nuevo y adelantará la presentación de su plan para financiar estas medidas, que inicialmente quería dejar para el 23 de noviembre.

Los mercados financieros se agitaron la semana pasada debido a la falta de cifras precisas sobre el paquete presupuestario y la perspectiva de financiarlo incrementando la ya muy abultada deuda pública británica.

El Banco de Inglaterra tuvo que intervenir urgentemente comprando bonos del Tesoro a largo plazo para evitar la quiebra de fondos de pensiones y el Fondo Monetario Internacional ( FMI) lanzó un llamado a no aumentar la desigualdad en plena crisis del coste de la vida recortando los impuestos en favor de los más ricos.

Aumentos

El gobierno tendrá que lidiar pronto también con otro tema delicado: la revalorización de las ayudas sociales.

En la radio privada LBC, Truss aseguró que aún no se ha tomado "ninguna decisión" sobre su aumento en un contexto de inflación históricamente alta, en torno al 10 por ciento.

Pero destacados diputados conservadores ya dieron a entender que podrían votar contra un incremento inferior a la inflación, haciendo temer una nueva rebelión entre la mayoría parlamentaria.