El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lanzó  una batería de medidas que incluyen dos nuevos impuestos temporales a las ganancias extraordinarias de empresas financieras y energéticas, destinados a mitigar el impacto en las finanzas públicas de la crisis económica mundial provocada por la guerra en Ucrania, en un primer día del debate del estado de la nación.

"Este Gobierno no va a tolerar que haya empresas que se aprovechen de la crisis para amasar riquezas", garantizó el mandatario, al detallar ante el Congreso de los Diputados una serie de medidas que buscan proteger el poder de compra de los españoles socavado por la inflación.

Sánchez subrayó la necesidad de "adoptar medidas de ahorro energético", como usar menos la calefacción y aire acondicionado  durante el gran examen al Gobierno, que no se celebraba desde hace siete años, se prolongará hasta el jueves y es el primero al que se enfrenta Sánchez como presidente del Ejecutivo.

En relación a los nuevos impuestos, detalló que el que afecta a los grupos dominantes del sector eléctrico, gasista y petrolero estará en vigor durante 2023, y busca recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023.

También anunció un nuevo impuesto dirigido a "las grandes entidades financieras que ya empezaron a beneficiarse de la subida del tipo de interés", informó la agencia de noticias Europa Press. Esta tasa, explicó, tendrá una duración de dos años y buscará recaudar 1.500 millones de euros cada año.

Impuesto excepcional

Este impuesto excepcional había sido adelantado en junio por Sánchez, aunque en ese momento no detalló ni monto ni duración de la medida fiscal.

Parlamentarios del opositor Partido Popular (PP) reaccionaron de inmediato contra los anuncios: "Papá Noel Sánchez anuncia miles de regalos. ¡¡Sujeten los bolsillos que eso lo vamos a pagar todos!!", escribió en Twitter la presidenta del PP de Navarra y diputada por Madrid, Ana Beltrán, un mensaje reenviado por otros dirigentes partidarios.

Varios países europeos anunciaron en los últimos meses gravámenes excepcionales sobre los beneficios empresariales derivados de la inflación, en particular de los grupos energéticos, que registraron beneficios muy elevados el año pasado.

Reino Unido, por ejemplo, instauró un impuesto excepcional del 25% sobre los beneficios de los gigantes energéticos, para ayudar a los hogares más desfavorecidos. Italia, por su parte, decidió gravar con un 25% adicional los beneficios de las grandes empresas del sector energético.

Madrid adoptó desde el año pasado numerosas medidas para intentar contener la inflación, que llegó en junio a 10,2% interanual, su nivel más alto en 37 años.

Entre ellas figuran ayudas al combustible, reducción del IVA a la electricidad o un alza de las pensiones.

"Desde que empezaron a subir los precios en septiembre del año pasado, España debió movilizar cerca de 30.000 millones de euros para apoyar a empresas y sus consumidores, es decir, un 2,3% del Producto Interior Bruto", afirmó Sánchez.