El inicio de las sesiones extraordinarias estará marcado por el debate del pedido de juicio político a la Corte Suprema

El inicio del período de sesiones extraordinarias, que comenzará este lunes, estará teñido por el debate del pedido de juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia. Los diputados del oficialismo y de la oposición tienen por delante el análisis de 12 expedientes en los que, por diferentes razones, se solicita enjuiciar a los magistrados. El tratamiento del resto de los proyectos del temario que envió el Ejecutivo nacional estará supeditado en gran medida a lo que suceda en la comisión de Juicio Político. 

Las tensiones se acrecientan fuera y dentro del Congreso. Mientras los principales dirigentes de Juntos por el Cambio apuntan contra el presidente Alberto Fernández por haber invitado a la Cumbre de la CELAC a los mandatarios Nicolás Maduro, de Venezuela; y Miguel Díaz Canel, de Cuba; los referentes parlamentarios de la alianza opositora se preparan para intentar frenar el juicio político a Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, quienes por estos días también recibieron el apoyo de un importante sector del Poder Judicial y del empresariado. 

La comisión de Juicio Político, que preside la legisladora oficialista Carolina Gaillard, se reunirá este jueves para empezar a tratar los 12 pedidos de enjuiciamiento contra el Máximo Tribunal. Entre las iniciativas, hay uno contra Lorenzetti presentado por los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto, Mariana Zuvic y Rubén Manzi, entre otros. 

Con la incorporación del expediente de la oposición, el Frente de Todos busca darle un mayor impulso a su propuesta, pero también tiene como fin generar algún grado de discusión al interior del interbloque de Juntos por el Cambio, que ya adelantó su rechazo al pedido de juicio político a la Corte.       

La oposición asistirá al primer encuentro para escuchar los argumentos de los diputados oficialistas, a pesar de que sabe que le será difícil revertir la decisión del Frente de Todos, que cuenta con 16 de los 31 integrantes de la comisión. Aún cuando todo indica que el debate se circunscribirá a ese ámbito, debido a que el oficialismo no tiene el número necesario (dos tercios) en el recinto para elevar el tema al Senado, Juntos por el Cambio buscará desactivar o acortar la discusión de los proyectos para evitar una sobreexposición de los cuatro miembros del Alto Tribunal. 

A esta altura, la mayor apuesta del Frente de Todos es empujar a los magistrados a que brinden explicaciones de manera pública por el fallo del Consejo de la Magistratura y la resolución que dictó a favor del Gobierno de la Ciudad en el pleito que tiene con la Nación por la coparticipación. Pero también por haber favorecido a genocidas mediante la aplicación del procedimiento penal conocido como “el 2x1” al represor Luis Muiña. Justamente por esa causa, los principales organismos de derechos humanos apoyan el juicio político a la Corte, tal como lo hicieron saber días atrás a través de un comunicado. 

A lo largo del tratamiento en comisión, las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo serán convocadas para dar testimonio, del mismo modo que los cuatro jueces de la Corte, los gobernadores que firmaron el comunicado de apoyo al juicio político; el ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro; y funcionarios del Ejecutivo nacional y de la Corte Suprema.

En paralelo, el oficialismo lleva adelante negociaciones con la oposición para intenar debatir el resto de los proyectos que figuran en el extenso temario que diseñó Alberto Fernández, en especial para avanzar con aquéllos vinculados a la temática económica. Sin embargo, Juntos por el Cambio, así como una parte del interbloque Federal, advirtió que no será posible debatir las demás iniciativas, si el Frente de Todos persiste en su idea de enjuiciar a Rosatti, Lorenzetti, Rosenkrantz y Maqueda.