El pedido de juicio político contra la Corte Suprema abre una nueva interna en el Frente de Todos

La negativa de varios gobernadores del Frente de Todos (FdT) de acompañar la decisión del Presidente Alberto Fernández en su cruzada de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, dejó al descubierto nuevas diferencias hacia el interior de ese espacio.

La resistencia de un puñado de mandatarios enrolados en el oficialismo, entre ellos Gustavo Bordet (Entre Ríos), Mariano Arcioni (Chubut), Omar Perotti (Santa Fe), Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y Sergio Uñac (San Juan), los que por diferentes razones decidieron no acompañar la embestida presidencial contra los integrantes del máximo tribunal de justicia del país, mostró cuanto menos la falta de una unidad monolítica que la medida requería.

Frente a esa situación y dispuesto a pasar facturas aunque sin dar nombres propios, el mandatario chaqueño, Jorge Capitanich, si bien aseguró hoy que trata de no involucrarse "en las decisiones de otros colegas", advirtió que "la defensa del federalismo tiene que ser a ultranza", por lo que es necesario "manifestarse contra la inequidad”.

De esa manera, el chaqueño se refirió al fallo por la coparticipación federal con el que la Corte benefició al Gobierno porteño, lo que derivó en el pedido de juicio político de sus integrantes.

Dispuesto a ir más a fondo en los cuestionamientos internos, Capitanich recordó en declaraciones a la AM 750, que en su momento "dos miembros de la Corte (Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz) fueron designados por decreto y después el Senado, obviamente a mi modo de ver de una manera vergonzosa, los han convalidado muchos de nuestro espacio".

“Es absolutamente necesario entender que algunos miembros de nuestro espacio, fueron cómplices para designar a esos jueces y en definitiva, hoy son los que políticamente actúan de la manera que actúan”, indicó el chaqueño en una obvia alusión a los gobernadores que se abstuvieron a la hora de avanzar en el juicio contra la Corte.

También la cúpula de la CGT decidió no acompañar la embestida presidencial contra los miembros de esa instancia judicial, al momento en que ninguno de sus integrantes plasmó su firma en la solicitada que, bajo el título “Democracia o mafia”, fuera dada a conocer el pasado domingo, rubricada por activistas, intelectuales, dirigentes y sindicalistas cercanos al kirchnerismo.

Zabaleta rompe lanzas con La Cámpora

La siempre difícil interna en la coalición de Gobierno también se hizo presente en el municipio de Hurlingham, donde el intendente local, Juan Zabaleta, decidió desplazar a cuatro funcionarios que responden a Máximo Kirchner.

El exministro de Desarrollo Social de Nación optó en las últimas horas por remover de sus cargos a Facundo Cadavid (Obras Públicas), Daniela Campisi (Cultura), Ariel Simoni (Comercio) y a Abril Kopriva (Medio Ambiente), los que serán reemplazadas por dirigentes de su riñón.

El anuncio de recambios en el Gabinete fue dado a conocer a través de un comunicado difundido por el municipio en el que se señala "como nuevo secretario de Obras Públicas a Rafael Ochoa" y a Rody Rodríguez al frente de Cultura, en tanto que aún no fueron anunciados los nombres de quienes ocuparán los otros dos cargos que quedaron vacantes.

Ante su desplazamiento,  Campisi señaló a través de su cuenta de Twitter que se enteró "a través de un documento escrito" que la gestión de Zabaleta la desafectó de su función "sin motivo alguno", salvo por su pertenencia política.

"Al igual que el resto de los trabajadores y compañeros que fueron desafectados de sus funciones, creo que esto tiene que ver con que soy kirchnerista y con mi lealtad a Cristina", señaló la ahora exfuncionaria de Hurlingham.

Desde ese municipio, desmintieron las acusaciones e indicaron al medio local El Cactus Noticias del Oeste, que la medida responde a “dinamizar la gestión en áreas que estaban paradas luego de la reasunción de Zabaleta”.

La decisión del exministro de Desarrollo Social de romper los acuerdos previos a su regreso al municipio sellados con La Cámpora, sería el primer coletazo que afecta a un sector cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras su decisión de no ser candidata a ningún cargo electivo en las elecciones que se celebrarán este año.