El Gobierno Nacional denunció este miércoles a jueces federales y otros implicados en el viaje a Lago Escondido realizado a principios de octubre pasado por el presunto delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas", según se informó oficialmente. El escrito acusó también a la "falta de reacción del órgano disciplinario", el Consejo de la Magistratura, de "habilitar a los jueces a desentenderse de sus deberes de no participar activamente en política". 

"Por instrucción del Presidente de la Nación Argentina Alberto Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investiguen los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y particularmente lo relacionado con su financiamiento", se indicó en un comunicado oficial, que coincidió con el veredicto final en la Causa Vialidad que condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En la denuncia se busca que se investiguen hechos que tuvieron lugar durante la semana del 13 de octubre, cuando los denunciados compartieron un vuelo en un avión privado, desde el aeropuerto de San Fernando (Buenos Aires) a Bariloche (Río Negro), con financiamiento desconocido.

Entre otras pruebas, el Gobierno pidió que la Justicia ordene "la entrega de los aparatos de telefonía celular de todos los implicados y, de ser necesario, el secuestro de los mismos aparatos".

El escrito presentado por Soria pidió que el Estado sea querellante: "Gran parte de los sindicados como autores de los graves delitos ostentan los cargos de magistrados del Poder Judicial de la Nación".

El lunes último, por cadena nacional, el presidente Alberto Fernández anunció que había instruido al Ministerio de Justicia para que "se investigue penalmente" el intercambio de chats y audios entre jueces federales, directivos de medios, funcionarios del Gobierno porteño y exintegrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la gestión de Juntos por el Cambio (JxC) tras compartir un viaje a Lago Escondido.

Al mismo tiempo, solicitó al Congreso que "avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación". Además, informó que el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura pedirá el inicio de un sumario contra los magistrados implicados ante la Comisión de Disciplina del cuerpo.

El presidente Alberto Fernández junto al ministro de Justicia Martín Soria 

Lago Escondido, los hechos

Hace algunos meses, una investigación periodística publicada en el portal El Destape reveló la constancia de vuelo que mostraba la nómina de los hoy denunciados. El fin de semana último, el diario Tiempo Argentino develó el contenido de un grupo de chat en el que los acusados intercambiaban estrategias para contener la denuncia y dar una versión construida de las características de ese viaje.

El escrito planteó que, "en caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos descritos, entre ellos magistrados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas, dando lugar a la comisión de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene, además, el deber internacional de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción".

En esa línea, la denuncia evidenció que "la recepción de las dádivas no solo constituye una afectación repudiable desde el punto de vista de la independencia judicial y de la ética republicana exigible a los mencionados funcionarios; sino que es, esencialmente, un incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, constitutivo del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal".

"Se han naturalizado en nuestro sistema de justicia las relaciones indebidas entre actores que, para quienes nos preocupa el resguardo de la independencia judicial, jamás deberían producirse. Es justamente la falta de reacción por parte del órgano disciplinario, en este caso, el Consejo de la Magistratura- ante hechos similares que reiteradamente se han denunciado, lo que habilita a que jueces y juezas se desentiendan de sus deberes de no participar activamente en política", se afirma en el cuerpo de la denuncia.

En el escrito presentado por el Ministerio de Justicia están denunciados por "incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas" el juez federal Julián Ercolini; el integrante de la Cámara Federal de Casación Penal Carlos Mahiques; el titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, Pablo Yadarola, y el titular del juzgado Nacional de 1ª instancia en lo Contencioso, Pablo Cayssials.

A ellos se suma el actual fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; y el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D' Alessandro. 

Ya en territorio patagónico y "según la información que tomó estado público", la comitiva completa se dirigió en vehículos privados de Joe Lewis hacia la estancia del magnate británico ubicada en Lago Escondido", informó el comunicado de la denuncia.